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Compromís-Equo registra su enmienda a la ley de abdicación para hacer un referéndum

Miles de españoles piden el establecimiento de la RepúblicaReuters

El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado sus enmiendas a la ley de abdicación que la Cámara debatirá el próximo 11 de junio y en las que plantea que el plazo máximo de un mes se convoque un referéndun para que los ciudadanos elijan entre la continuidad de la monarquía o la instauración de una República.

En concreto, Joan Baldoví ha presentado una enmienda de totalidad, pidiendo la devolución del proyecto de ley al Gobierno y dos enmiendas parciales en las que, además de defender esa consulta popular, se pide que el Rey Juan Carlos haga una declaración de bienes y dé a conocer todo su patrimonio para poder "conocer en qué medidas se ha podido enriquecer" durante su reinado.
ELECCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DEL SUCESOR
Así, el diputado de Compromís-Equo busca que el Pleno del Congreso, que tramitará en un único debate la ley que dará vía libre a la proclamación del nuevo Rey, se pronuncie también sobre la conveniencia de hacer un referéndum para cambiar el modelo de Estado.
Su propuesta es que se pregunte a los electores si quieren que la Jefatura del Estado esa "ocupada por una persona electa directa o indirectamente por los ciudadanos" o prefieren "la continuidad de la monarquía como institución hereditaria".
Además, en su enmienda de totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, Baldoví argumenta que la "línea sucesora marcada por la Constitución" sólo regula el "supuesto de la herencia" y que, al no haber fallecido el Rey, ésta no es de aplicación.
Es decir, que tal y como está redactada la Carta Magna y sin haberse regulado hasta ahora la abdicación, el trono sólo podría llegar a manos del Príncipe Felipe por herencia.
Tras recordar que fue Franco quien "eligió como sucesor" a don Juan Carlos, se queja de que el Gobierno haya incluido como exposición de motivos de la ley el discurso en el que Rey anunció su decisión de abdicar.
A su juicio, el Ejecutivo persigue que el Congreso asuma esas palabras como "propias" pese a haber sido escritas por una "persona ajena a la soberanía popular", lo que, denuncia "altera la separación de poderes y los principios más básicos de la democracia".