Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

1.378 juzgados en España por corrupción entre julio de 2015 y septiembre de 2016

Los tribunales españoles abrieron juicio por delitos contra la corrupción contra 1.378 personas implicadas en un total de 166 casos entre julio de 2015 y el pasado mes de septiembre según un novedoso depósito de datos presentado este jueves por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a conocer a los ciudadanos la acción judicial contra este fenómeno.

De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas.
En el acto estuvieron presentes la práctica totalidad de presidentes de tribunales superiores de justicia de España, representantes de los letrados de la administración de justicia, procuradores, magistrados, fiscales y vocales de este órgano, ante quienes Lesmes y la vocal Mar Cabrejas explicaron este nuevo instrumento, que se actualizará cada trimestre y que podrá ser consultada en la web de este órgano www.poderjudicial.es.
Antes de llegar aquí, tal y como ha explicado Lesmes, el órgano de gobierno de los jueces ha tenido que delimitar qué delitos entiende que son corrupción -siendo los más frecuentes los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación- organizar los datos y crear esta base cuyo principal objetivo es recuperar la confianza del ciudadano en la justicia.
La información procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. Se trata de información estadística que pretende ofrecer una "foto fija" de la corrupción pública en España.