Moción de censura contra el PP en la Diputación de Lugo

Si bien los votos de ambas formaciones de izquierda suman la mayoría absoluta de la corporación, el pasado 24 de junio el alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, decidió no renunciar a su aspiración de presidir la diputación y, así, se negó a apoyar al candidato propuesto por su partido, Darío Campos, regidor de A Pontenova.

Tras ser vetado como candidato por los nacionalistas debido a su imputación, rompió la disciplina de voto de su grupo y optó por votarse a sí mismo y facilitar la designación de Elena Candia como presidenta.

Consciente de que la pérdida de la Diputación de Lugo, que dirigió durante ocho años el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también suponía para los socialistas no lograr el liderazgo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el partido se dedicó desde entonces a tratar de hacer cambiar de posición a Martínez, que inicialmente insistía en que él tendría que ser el candidato a la Presidencia.

Una vez logrado esto, con la promesa de que entraría en el gobierno provincial, el pasado 25 de septiembre se registró la moción de censura que permitirá reeditar un gobierno de coalición en la Diputación de Lugo.

Y, aunque en los últimos días tanto Campos como el propio Besteiro manifestaron que esperaban que no hubiese "sorpresas" esta vez, a principios de esta misma semana el primer edil de A Pontenova llegó a admitir que "siempre puede aparecer algo" a última hora.

Sobre Manuel Martínez todavía pesa un expediente disciplinario abierto por el PSdeG a finales de junio ante "la enorme gravedad", en palabras de la secretaria de Organización, Pilar Cancela, de que se negase a acatar la propuesta del partido y propiciase el gobierno del PP en la Diputación de Lugo.

El BNG, por su parte, siempre mantuvo su veto sobre Martínez, tanto por el hecho de que continúa imputado por unas obras en Portomarín --de su etapa como diputado provincial responsable de fomento-- y también por su comportamiento en la votación. "Dado lo que hizo en el pasado, debe dejar paso", argumentaron los nacionalistas.

En paralelo a todos estos movimientos en el PSdeG, que costaron a Besteiro críticas del PP a su falta de "liderazgo", Elena Candia se situó al frente de la institución y aprovechó para revisar todos los documentos y decisiones de la etapa anterior.

Así, conmutó el Audi A-8 que había utilizado Besteiro por una furgoneta y no dudó en contratar "una auditoría externa" que evaluase su labor. Fruto de ello, decidió remitir a la Fiscalía el expediente de las obras del centro asociado de la UNED en Lugo y enviar a la oficina antifraude de la Unión Europea la documentación relativa al programa Innova-Te.

De igual modo, en una junta de gobierno extraordinaria a dos días del pleno en el que se debatirá la moción de censura, decidió conceder ayudas por valor de casi tres millones de euros a 33 ayuntamientos, 31 de ellos liderados por el PP.

"NORMALIDAD DEMOCRÁTICA"

A pocas horas de que se celebre esa sesión plenaria, la propia Candia sostuvo que afronta la moción de censura --que "supone" que prosperará-- dentro de la "normalidad", pero desde filas populares se han sucedido duras críticas a esta operación.

Mientras el líder provincial del PP lucense y portavoz de su formación en el Senado, José Manuel Barreiro, interpretó la maniobra como un intento de lanzar un "salvavidas" a Besteiro, el propio presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, lo consideró el "pacto de la vergüenza", en el que el PSOE "invita", el BNG "acepta" y la gente "paga".

El secretario xeral del PSdeG, en cambio, celebró que pueda recuperarse la "normalidad democrática que nunca se debió torcer" y que la presidencia de la Diputación de Lugo vaya a responder a "lo que la mayoría de los vecinos de la provincia dijeron con su voto". "Dijeron que no querían PP, sino un gobierno progresista", enfatizó.

En este escenario, la votación se producirá este jueves al mediodía tras las intervenciones de los portavoces de los grupos, de la actual presidenta y del candidato a sucederla.

En una urna, cada uno de los 25 diputados provinciales deberá escribir en una papeleta si 'sí' o 'no' respalda la moción, o bien dejarla en blanco. PSOE y BNG cuentan con 13 diputados, por 12 del PP.