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La exdirectora financiera del Canal pide declarar este jueves ante el magistrado instructor del 'caso Lezo'

La exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond declara este jueves a petición propia ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su implicación en la trama Lezo, que investiga irregularidades en la empresa pública madrileña.
Richmond, en prisión provisional desde el pasado 20 de abril eludible con el pago de una fianza de 4 millones de euros, pretende aclarar su papel dentro del Canal y para ello aportará nueva información, según fuentes de la defensa que precisan que su posición en la empresa no le colocaba en situación de conocer el presunto desvío de fondos que llevó a cabo la trama liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
El magistrado Eloy Velasco, que inició la instrucción de la causa, le imputó los delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos por su vinculación a la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao que hizo el Canal en 2013 por 25 millones de dólares.
El mecanismo malversador que llevó a cabo Inassa -filial del Canal en Sudamérica-- habría consistido, según Velasco, en una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones" y se realizó a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales.
AUSENCIA DE AUTORIZACIÓN
Los investigadores detectaron ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco". Además, se modificó el porcentaje de adquisición --del 40 al 75 por ciento-- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización".
Richmond es junto con Pablo González, hermano de Ignacio González, los únicos dos detenidos por su implicación en la trama que no han abonado la fianza impuesta por el magistrado --ambas del mismo importe-- para salir de la cárcel. En el caso de Ignacio González y su hombre fuerte en Sudamérica Edmundo Rodríguez Sobrino, el juez decretó prisión incondicional sin fianza.