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El exdiputado Luis Peral lleva al congreso del PP cambiar la ley del aborto y defender la vida desde la concepción

También defiende modificar el Código Penal y la legislación sobre publicidad para combatir la apología de la anorexia y de la bulimia
El exdiputado madrileño del PP Luis Peral llevará al Congreso Nacional del PP un total de 17 enmiendas, entre ellas, una que pide defender la vida desde la concepción o la que plantea cambiar la actual regulación sobre el aborto para "reforzar la protección del derecho a la vida".
En esta enmienda a la ponencia social que ha coordinado el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama modificar "la normativa vigente sobre el aborto, en la línea del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en junio de 2010" para "reforzar la protección del derecho a la vida" y "dar a la mujer embarazada la más completa información sobre los riesgos del aborto y sobre alternativas al mismo".
Se trata, prosigue el texto, de que el aborto "no sea considerado como un derecho y que la regulación legal de aquel tenga como objetivo prioritario ayudar a la mujer embarazada a seguir adelante con la gestación".
Este tipo de enmiendas evidencia las dos 'almas' que conviven en el PP en asuntos sensibles como el aborto, que se visualizó el 15 de abril de 2105 durante la votación de la reforma de esa ley de plazos para impedir que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
Ya entonces varios diputados provida del Grupo Popular no votaron esa reforma del aborto por entender que era "limitada" y criticaron que no se diera libertad de voto a los parlamentarios al tratarse de "temas de conciencia".
VOTO EN CONCIENCIA
De hecho, Peral ha registrado una enmienda al congreso del PP sobre el "voto en conciencia". En concreto, pide añadir un párrafo en el artículo 7 de la ponencia Política y de Estatutos relativo a los derechos de los militantes: "El PP respeta y ampara el voto en conciencia ejercido por sus militantes en los órganos representativos de los que formen parte en aquellas cuestiones que afectan a sus convicciones más profundas".
Los firmantes de la enmienda argumentan que la libertad de voto en conciencia de los parlamentarios y representantes locales es un derecho reconocido en las Constituciones y en la práctica política de los países occidentales, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Australia. Es más, subrayan que el artículo 67.2 de la Constitución dice textualmente que "los miembros de las Cortes Generales no estrán ligados por mandato imperativo", por lo que entienden que la libertad de voto en conciencia es un derecho irrenunciable.
Suscriben esta enmienda Luis Peral, Javier Puente, José María Alonso, Regiña Plañiol, Eva Durán, Beatriz Elorriaga y Jorge Pumariega. Algunos de ellos eran diputados en 2015 cuando se votó la reforma de la ley del aborto, a la que se opusieron por considerarla "insuficiente", y quedaron después fuera de las listas del partido.
Luis Peral, que fue consejero de Educación con Esperanza Aguirre, también renunció el pasado mes de diciembre a su escaño en la Asamblea de Madrid. Unos meses antes se le había impuesto una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la Ley contra la 'LGTBfobia' y también había sido sancionado por romper la disciplina de su partido al votar en contra de una moción para regular los vientres de alquiler.
MÁS ENMIENDAS A LA PONENCIA SOCIAL
Peral plantea otras enmiendas a la ponencia Social, como añadir al punto 42 el párrafo siguiente: "A todos los efectos que sean beneficiosos para el niño o niños todavía no nacidos, la madre gestante o la unidad familiar en que se inserten ambos, el concebido se considerará como nacido y como un miembro más de la unidad familiar".
También propone en ese mismo punto que la Inspección de Trabajo vele, "con carácter prioritario, para que ninguna mujer sea objeto de perjuicio o discriminación laboral por motivo de su embarazo o maternidad, tanto en su empleo actual como en la solicitud de nuevo empleo".
Peral pide además que el punto 107 de la ponencia incluya que los profesionales sanitarios, el personal de servicios auxiliares y los centros médicos puedan "ejercitar su derecho a la objeción de conciencia en la práctica de intervenciones o en la dispensación de medicamentos, sin que pueda producirse discriminación alguna en la contratación de dichos centros con las administraciones públicas ni en la situación laboral o en el derecho a la intimidad de las citadas personas".
En otras enmiendas reclama no financiar "ni la investigación con embriones humanos ni la clonación terapéutica"; que "los trámites de acogimiento y adopción puedan iniciarse durante la gestación"; que se introduzca la renta familiar per cápita en todos los baremos de las ayudas públicas que tengan en cuenta la situación económica del solicitante"; o que la conciliación de la vida familiar y laboral de las empresas sea tenida en cuenta "en los baremos de adjudicación en la contratación pública".
Asimismo, Peral defiende que se incrementen las ayudas a la familia para acercarse progresivamente a los niveles medios de la Unión Europea (2,5 % del PIB). "El Partido Popular se compromete a defender esta política en los Presupuestos Generales de cada año, para llegar en 2019 al citado porcentaje del PIB", afirma.
En el capítulo dedicado a los menores, Peral apuesta por fortalecer "la lucha contra los delitos en internet, con especial atención a la protección de la infancia" y promover "la tipificación penal, eficaz persecución y prevención de los delitos sexuales contra menores, cometidos tanto en Europa como en cualquier país del mundo".
También quiere que la ponencia Social diga que se modificará el Código Penal para "tipificar la apología de la pederastia" y que promoverán modificaciones en el Código Penal y en la legislación "sobre publicidad para combatir la apología de la anorexia y de la bulimia".
PONENCIA DE EDUCACIÓN
También ha presentado varias enmiendas a la ponencia de Educación que ha coordinado la responsable de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en las que pide dar más recursos a los centros con alumnos en mayor desventaja social, a través de unos planes de centros prioritarios.
Igualmente, defiende reforzar la inversión educativa y dice que se reforzará la vertebración y homogeneidad garantizando en el Pacto Educativo que la educación primaria siga "incluyendo entre sus objetivos el conocimiento de los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura (Artículo 17.h de la LOE) para no volver al Conocimiento del Medio localista, impulsado por las leyes del PSOE e inconcebible en un mundo globalizado".
También propone añadir al final del punto 75: "Para garantizar, en toda España, el derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos, promoveremos una oferta educativa plural, a la que concurran los centros de titularidad pública y los promovidos por la iniciativa social, incluyendo la convocatoria de concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional y el derecho de acceder al concierto de aquellos centros de iniciativa social que satisfagan necesidades de escolarización por contar con una demanda social equivalente a la de la enseñanza pública de la zona".