Estudiantes, padres y profesores alertan de un intento de "privatización"

En este sentido, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) considera que Wert "engaña" a la sociedad hablando del copago en la enseñanza no obligatoria pues, a su juicio, lo que quiere es "la privatización de la Universidad".

CREUP recuerda que el alumnado y sus familias ya hacen frente al copago universitario y denuncia que la política del Gobierno "no es mejorar la calidad de la formación sino cargarse el sistema universal de enseñanza universitaria reduciendo drásticamente el número de estudiantes".

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST), Fidel González Varas, ha calificado de "barbaridad" que se esté planteando el copago en la educación no obligatoria aunque ha indicado que no les sorprende. A su juicio, esto es "lo que faltaba" por tocar en cuanto a precios públicos después de que se hayan doblado las tasas universitarias.

Para FAEST, plantear esta medida sería "una aberración tal y como está la situación económica de las familias" en España. Además, desde la Federación se muestran preocupados porque no saben "dónde va a llegar la educación en el país, ya demasiado elitizada por todos los recortes". "Si incluso restringen el acceso a Bachiller, nos pone a la cola en igualdad de oportunidades en la UE", ha afirmado.

MOVILIZACIONES CONTRA EL COPAGO

Ante esta situación, el Sindicato de Estudiantes ha indicado que convocará movilizaciones "contundentes" contra el copago en el Bachillerato. "El objetivo del PP, como demuestran las declaraciones del ministro de Educación, es que sólo los hijos de los ricos tengan acceso a una educación de calidad, igual que ocurría en los años cincuenta bajo el franquismo", aseguran.

Para el Sindicato de Estudiantes, el tasazo universitario, el decreto de becas y la LOMCE, han demostrado en la práctica "que la equidad del PP consiste en expulsar del sistema educativo a los estudiantes con más dificultades económicas, impidiendo el acceso de la universidad a los hijos de los trabajadores".

Sin embargo, según precisan, "para la privada sí hay dinero y sacado directamente de los bolsillos" de los españoles. Por ello, piden "una vez más" a CCOO, UGT, STE's y CEAPA que convoquen junto a ellos una nueva huelga general de profesores, padres y estudiantes, de 72 horas.

UNA EDUCACIÓN "PARA UNOS POCOS"

Entre los padres, el presidente de la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez, considera que esta declaración del ministro es un indicio más del "afán privatizador" del Gobierno sobre la educación en España. "Vemos una vez más que el principal objetivo es acabar con la educación pública convirtiéndola en un derecho para unos pocos", ha matizado.

Según ha indicado, si se tomara esta medida, supondría "condenar a la marginalidad absoluta" a los chicos que viven en un entorno social más difícil, que tienen menos posibilidades económicas.

Mientras, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, ha pedido el "mismo trato para la escuela concertada que para la pública" pues ellos siempre han reclamado para la concertada la gratuidad en el Bachillerato.

Carbonel considera que, en estos momentos en que las familias están soportando el 100% de la crisis bancaria, con sus miembros en paro y escasos recursos, "recortar en educación es un error". Para CONCAPA, lo que hay que hacer es "esforzarse en gestionar mucho mejor los recursos" pero "no cuadrar las cuentas del Estado con cargo a la educación".

LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA, UN DERECHO

Entre los profesores, el Sindicato Independiente de Enseñanza Pública ANPE ha indicado que de aplicarse la medida, "rayaría la ilegalidad" pues aunque el artículo 27.4 de la Constitución sólo se refiere a la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica --educación primaria y secundaria--, en el primer apartado del mismo artículo se declara la universalidad del derecho a la educación, hasta ahora garantizada a través de la gratuidad de la misma en los centros públicos, tanto en los niveles obligatorios como no obligatorios.

Por ello, ANPE pide al Gobierno que, "en lugar de sugerir nuevos recortes, coordine y lidere las políticas territoriales en el ámbito educativo" y "derogue inmediatamente el Real Decreto de ajuste del gasto en Educación que ha castigado duramente al sistema educativo".

Además, teme que, aunque el estudio se refiere a las enseñanzas universitarias y a la educación de 0 a 3 años, "pueda abrir la puerta a extender el copago a la educación infantil de 3 a 6 años y al bachillerato". Según ha apuntado, una medida así representaría "un retroceso en el nivel pleno de escolarización alcanzado en España en la democracia" que ya se ha visto "agravado por la desaparición de las becas y ayudas a las familias con necesidades".

Además, el Sindicato propone al Gobierno que, antes de aplicar el copago en los niveles no obligatorios, suprima "de inmediato" tanto la medida incluida en la LOMCE por la que se legalizan los conciertos a los centros privados de educación diferenciada, como la cesión de suelo público para construir centros de iniciativa privada.