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Las defensas se apoyan en las actas de las tarjetas creadas para "dignificar" la dedicación de los consejeros

Muestran su "disgusto" con el fiscal y le afean que su calificativos de "rapiña y pillaje" son más propios para animales que para personas
El letrado de Estanislao Rodríguez-Ponga, exconsejero de Caja Madrid y exsecretario de Estado de Hacienda, ha expuesto este miércoles durante su intervención en la fase de conclusiones del juicio por las tarjetas 'black' que el origen de las mismas consta en las actas de creación de 1988 donde se habla de "dignificar" la dedicación de los consejeros.
En esta décimo novena sesión de la vista en la Audiencia Nacional donde se dirime si los 65 exdirectivos y altos cargos de Caja Madrid y Bankia hicieron o no uso fraudulento de sus plásticos, el abogado de Rodríguez-Ponga ha insistido en que se trata de una práctica nacida bajo la presidencia de Jaime Terceiro (1988-1996) y por tanto heredada por sus sucesores Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
A lo largo de estos últimos meses tanto defensas como acusaciones han interpretado el texto de las actas del Consejo de Administración en el que se acuerda el nacimiento de las 'black' de cara a definir la naturaleza de las visas. Así, mientras Terceiro, que declaró ante el tribunal en calidad de testigo, dijo que eran para gastos de representación, los consejeros argumentan que era parte de su salario y así se les comunicó.
En esta línea se ha manifestado la defensa del exsecretario de Estado, quien ha indicado que unas tarjetas cuyo uso no requiere de justificante no pueden interpretarse como representación, y al igual que hiciera su defendido en su declaración como investigado, éste ha insistido en que la empleó para gastos personales, con la condición de no excederse del límite impuesto.
Por su parte, la representación procesal del exconsejero Antonio Romero (exvicesecretario de organización del Partido Socialista de Madrid) ha apuntado ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los altos cargos "consintieron conocieron y admitieron el gasto sin ninguna queja" por lo que en todo caso se estaría, como mucho, ante una infracción fiscal.
DISGUSTO POR LOS CALIFICATIVOS DEL FISCAL
El Ministerio Fiscal --que en su exposición final dijo que hubo "pillaje y rapiña" en el uso de las visas-- pide para estos dos acusados la pena de cuatro años de prisión y multa de 81.000 euros por delito continuado de apropiación indebida y apunta en la dirección de Jaime Terceiro al señalar que la práctica degeneró bajo la presidencia de Blesa, entre 1996 y 2010.
La letrada de Romero ha manifestado al respecto su "disgusto" por las declaraciones del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, "más propias de un animal que de una persona" y ha agregado que los 65 acusados no merecían tales reproches.
Las defensas de los dos exconsejeros han aprovechado sus últimos turnos de palabra para contrarrestar esta versión y denunciar, como ya hicieron al inicio del juicio, la prueba estrella presentada por Bankia, que ejerce la acusación particular, consistente en una hoja Excel que recoge el desglose de los 12,5 millones de euros cargados a sus 'black' por los acusados entre 2003 y 20012 (los anteriores no se juzgan por prescripción de delito) en gastos personales.
"Hubo y ha habido enormes incorrecciones en la hoja Excel y no puede tener el alcance probatorio que se ha pretendido por parte de las acusaciones ni tampoco justifica que se haya pretendido encontrar en la necesidad de justificar los gastos", ha expuesto el abogado de Rodríguez Ponga mientras que para la letrada de Romero se trata de un documento sin veracidad para considerarse como prueba.
Precisamente respecto al papel de la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri en el proceso, el letrado ha apuntado que "parece imposible" establecer vínculo entre el rescate a la entidad nacionalizada con el sistema de las 'black'. "Entendemos que pretende tener beneficio pero no es soportable esa pretensión", ha dicho.