Más de 400.000 ciudadanos piden de forma electrónica acceder a la Justicia Gratuita en los primeros siete meses del año

Según ha informado el Consejo en un comunicado, hasta el 31 de julio de 2017, 408.668 ciudadanos solicitaron el uso de esta herramienta; mientras que el año pasado sólo se registraron en este mismo periodo se generaron tan sólo 389.289 expedientes.

Por comunidades autónomas, Castilla y León ha sido la región que más subida ha registrado (un 12 por ciento), alcanzando las 19.392 solicitudes electrónicas de acceder a los servicios del Turno de Oficio. Le siguen Cataluña, con casi 56.000 expediente e Islas Baleares con más de 11.100 tramitaciones digitales.

A este ritmo, todo apunta que a finales de 2018, se generarán más de 640.000 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita. Este sistema desarrollado por RedAbogacía --la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española-- conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.

EVITAR DESPLAZAMIENTOS Y TIEMPOS DE ESPERA

Con el Expediente Electrónico los ciudadanos acceden a este servicio de Justicia Gratuita con trámites más simplificado y con unos plazos más cortos para obtener la documentación necesaria, ya que al hacerlo de forma telemática se evitan los desplazamientos y el tiempo de espera ante las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.

Asimismo, la digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, los colegios de abogados aseguran el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora las gestiones al reducir los plazos de obtención de la información al unificarla en un único expediente estándar.

Las Administraciones Públicas aceleran el servicio ofrecido al ciudadano y reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.