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Las asociaciones UPF y APIF reprochan a Maza que ponga los recursos de la Fiscalía al servicio político de Catalá

En un comunicado conjunto, las asociaciones subrayan que la Fiscalía General del Estado "vive en una situación de parálisis sin precedentes en las últimas décadas" porque, a su juicio, se encuentra en una "extrema debilidad institucional" en la que no hay "proyecto alguno". Para los fiscales, este extremo pone "en serio riesgo nuestra capacidad para cumplir con el mandato constitucional de la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".
Las asociaciones de fiscales Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) han reprochado este lunes que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ponga los escasos recursos materiales y personales del Ministerio Público al servicio de las decisiones políticas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para dar cumplimiento a la implantación digital.
Además, puntualizan que para llevar a cabo el proyecto 'papel cero' del Ministerio de Justicia, los recursos de las Fiscalía, que "nunca han sido los necesarios", apuntan, se han puesto "al servicio de la política de imagen (y poco más que imagen) del Gobierno". Asimismo, indican que "no es admisible" la "política equivocada" del departamento de Catalá, que, según dicen, han "ocultado" al Consejo Fiscal la existencia de una calendario de implantación digital.
"OPERACIÓN POLÍTICA DE IMAGEN"
"A la cúpula fiscal no parece preocuparle la grave incidencia de esa operación política de imagen en la organización del Ministerio Fiscal y en la eficacia de su trabajo, ni los posibles retrasos, archivos y perjuicios que se produzcan por la imposición a la Fiscalía de un sistema informático inidóneo y perturbador, que no asegura ni siquiera que el fiscal sea consciente de los asuntos que debe dictaminar".
En este sentido, lamentan que Maza y su Unidad de Apoyo no "atiendan ni presten la más mínima atención" a las valoraciones que hacen los fiscales que han trabajado durante meses con el sistema que se pretende implantar y que lo han calificado de "altamente ineficiente".
"Los fiscales, funcionarios de Fiscalía y los ciudadanos no tienen por qué sufrir las consecuencias de una decisión política basada sustancialmente en razones de imagen", añaden las asociaciones en su comunicado. Ante esto, UPF y APIF instan a Maza convoque de "forma inmediata y con carácter extraordinario" para que el Consejo Fiscal analice esta situación con independencia y "actúe decididamente en defensa de la Fiscalía, oponiéndose a esta implantación forzada".