El Gobierno estudiará acudir al TC si el Parlament inicia el proceso independentista

"Si algún grupo político quiere promover alguna declaración y el parlamento finalmente adopta una declaración, como ya hizo en el año 2013 (con la declaración soberanista) lo que haremos será estudiarla, valorarla jurídicamente y si es inadecuada o cumple el ordenamiento jurídico pues la impugnaremos donde corresponda, en el ámbito constitucional o ante la justicia", ha apuntado Catalá.

En relación con una posible impugnación de acuerdos del Parlament, el ministro de Justicia ha insistido que, se trata, "una vez más", de la defensa del estado de derecho que corresponde a quienes ostentan responsabilidades públicas.

Preguntado si no se acudirá a los tribunales hasta el momento de exitir una declaración del Parlament, el titular de Justicia ha concretado que en España "existe la libertad de expresión, existe el ejercicio de la acción política, y las acciones políticas cuando tienen trascendencia jurídica es cuando surge hipoteticamente la posibilidad de la impugnación".

LA LÍNEA POLÍTICA Y LA JURÍDICA

Lo que ocurra en el plano político "no está sometido a la acción de los tribunales ni al Tribunal Constitucional", ha insistido Catalá, para añadir que "esa raya que diferencia lo político de lo jurídico a veces es difícil de delimitar".

"Lógicamente lo que haremos es estar atentos, valorando las declaraciones que se hagan, los documentos que se puedan aprobar y en el caso, insisto que consideremos, que tiene relevancia jurídica, que significa una manifestación de voluntad o de una cámara o una institución ahí es donde puede surgir en su caso la hipotética impugnación", ha subrayado Catalá.

Antes de que ésta declaración se produzca nos encontramos según Catalá "en un plano de declaraciones que tiene más que ver con la responabilidad o la irresponsabilidad de algunos, No con aspectos jurídicos en sentido estricto".