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Santamaría acusa a los independentistas de presionar a alcaldes y funcionarios por su "miedo" a asumir responsabilidade

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado este martes a los independentistas de "presionar" a funcionarios públicos y a alcaldes porque tienen "miedo" a asumir sus propias responsabilidades ante el referéndum que quieren convocar el 1 de octubre. Según ha dicho, ellos "ponen las presiones" para que "las responsabilidades las asuman otros".
"Los independentistas cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo de asumir su propias responsabilidades en un proceso ilegal. Por lo menos, que dejen de presionar para que las asuman otros", ha declarado Sáenz de Santamaría en el Congreso, durante un discurso ante los diputados del Grupo Popular para hacer balance del periodo de sesiones.
Tras afirmar rotunda que el referéndum no se va a celebrar, ha recalcado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que "ningún gobierno puede negociar al margen de la Constitución" y ha denunciado que la "presión" a los funcionarios ya sea "la tónica".
CULPAN A LA INTERVENCIÓN
"Hoy hemos conocido que algunos para no asumir la responsabilidad de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores", ha asegurado, para añadir que "hoy" cuando el tribunal les pide que paguen lo que se han gastado en la consulta "dicen que eso lo firmó la Intervención".
En este sentido, ha garantizado que el Gobierno está para "amparar al conjunto de los empleados públicos" en Cataluña y evitar que la Generalitat "los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales". Es más, ha dicho que los independentistas también están ahora "presionando a los comunes" ante la posición del partido de Ada Colau. "Es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad", ha exclamado.
Santamaría ha denunciado la situación que están sufriendo en Cataluña los partidos no independentistas, con "acoso" por parte de la CUP a sus sedes o "ninguneo" en el Parlamento catalán. "Se ha perdido completamente la neutralidad institucional por parte de la Generalitat", ha enfatizado, para agregar que la Ley de Transparencia considera ese comportamiento como una actuación disciplinaria grave.
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