Diversas respuestas al copago entre las Comunidades Autónomas

Andalucía, País Vasco y Canarias han sido las comunidades autónomas más críticas con la reforma prevista para la sanidad española y que contempla, entre otras medidas, que los pensionistas contribuyan al coste de los medicamentos. Así, la consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha alertado de que el Gobierno quiere "desmantelar" el Sistema Nacional de Salud. Mientras tanto, Cataluña ha aplaudido este jueves los nuevos acuerdos alcanzados, y no ha desvelado si esta medida se acumulará al euro por receta. Por su parte, las autonomías del PP han asegurado que las nuevas medidas les "dan la vida".

Al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que durante cinco horas ha reunido en Madrid a los consejeros autonómicos de sanidad y a la ministra Ana Mato, Montero ha defendido que el Gobierno central está usando "la coartada de atender a la eficiencia" del sistema mientras que procede al "desmantelamiento del sistema sanitario". Al respecto, ha añadido, además, que el sistema sanitario actual es "sostenible y eficiente".

Lo cierto es que esa intención de desmantelamiento quedaría, según sus palabras, aún más clara si se observa cómo el Gobierno habla de "aseguramiento público" o de "asegurador público". "El lenguaje no es inocente", ha dicho la consejera, que ha puntualizado que el SNS "no es un asegurador público sino un sistema nacional de salud que se paga con la contribución de los ciudadanos y que permite la redistribución de renta en términos de salud al conjunto de los ciudadanos".

Además, la consejera ve muestras de esa destrucción del sistema en los términos en los que se habla de la cartera de servicios, con la diferenciación propuesta entre cartera de servicios básica, complementaria o accesoria. "No se les escape que todos los países que han incorporado el copago a las prestaciones sanitarias han empezado categorizando la cartera de servicios con distintos epígrafes", ha dicho Montero.

Por último, ha confirmado que, pese a su postura en contra, Andalucía no protagonizará un acto de "rebeldía" porque se trata de un asunto de Legislación Básica y es al Estado a quien corresponde fijar qué colectivos contribuyen al pago de sus medicinas. La región tendrá que aplicarla si el Consejo de Ministros la aprueba.

Mientras tanto, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha aplaudido este miércoles que los jubilados paguen los medicamentos en función de la renta, y no ha desvelado si esta medida se acumulará al euro por receta presente en Cataluña. Así se ha expresado en declaraciones a Ràdio 4 recogidas por Europa Press.

"Si alguien no está de acuerdo con que en función de la renta se pague, que lo explique. Yo creo que tiene que hacerse de esta manera", ha defendido Homs, tras recordar que fue Cataluña quien inició el camino del copago en el ámbito de la receta farmacéutica, y que es una práctica extendida en otros países europeos.

Además, el consejero de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha destacado que antes de decidir si Cataluña elimina el pago del euro por receta tiene que cuantificar el impacto de las medidas propuestas por Sanidad, aunque ha adelantado que "tal como contempla la ley de presupuestos de la Generalitat, ambas medidas pueden ser compatibles".

Ruiz ha destacado que valorarán y analizarán las medidas propuestas para determinar la validez del euro por receta, y sobre todo para comprobar si estas medidas "no suponen un segundo esfuerzo sobreañadido a los ciudadanos de Cataluña con respecto a la financiación sanitaria".

"El copago afectará a los pacientes crónicos"

Sin embargo, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, ha avisado que el copago farmacéutico va a afectar a los pacientes crónicos y no será la "solución" a los problemas que actualmente tiene la sanidad española.

También, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, ha trasladado a la ministra Ana Mato respecto a la aplicación del copago que no le parece "equitativo" que la Comunidad Autónoma, habiendo cumplido, tenga que pagar "por otros".

Así, la consejera de Sanidad ha dejado claro durante la reunión que Canarias llegaba a este Consejo con "los deberes hechos", ya que es "una de las comunidades autónomas que se ha aproximado a los objetivos del déficit marcados por el Gobierno, y ha puesto en marcha medidas de ahorro y contención del gasto". "Por tanto, no me parece equitativo que Canarias, habiendo cumplido, pague por otros", ha insistido.

Lo cierto es que para mejorar la eficiencia del sistema sanitario público, la consejera canaria de Sanidad propuso una batería de medidas globales a adoptar en materia de financiación, cartera de servicios, sistemas de información y transparencia del sistema, así como en estrategias de salud, recursos humanos y prestación farmacéutica.

Mientras tanto, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha y portavoz del PP en la misma materia, José Ignacio Echániz, ha declarado que "esto nos da la vida a las comunidades autónomas", con respecto a los acuerdos alcanzados.

Y es que según ha expresado en declaraciones a los medios al término de la reunión el Ministerio de Sanidad ha dotado a las Comunidades Autónomas de instrumentos normativos que les permitirán ahorrar en gastos "improductivos" y "poco eficientes", lo que va a facilitar a los gobiernos autonómicos "dedicar el dinero a hacer más y mejor sanidad pública".

En la misma línea, el consejero madrileño, Javier Fernández Lasquetty, ha dicho que a partir de ahora el Ministerio va a permitir a las regiones aprovechar "bien" los recursos que hay. "Vemos por fin que hay un conjunto de reformas estructurales que responden a lo que muchas regiones pedíamos y que suponen ser la única manera para evitar los recortes", ha recalcado.

Recortes es "una palabra que no existe en el vocabulario"

Según el consejero de Extremadura, Francisco Javier Fernández, recortes es "una palabra que no existe en el vocabulario" ni del Ministerio ni de las comunidades autónomas, que adoptan el compromiso del Gobierno de superar los 7.000 millones de euros de ahorro. "Estamos reformando el sistema, pero no va a haber recortes. Se va a seguir dando la misma prestación sanitaria y no se va a modificar la plantilla", ha garantizado.

"Son medidas, éstas u otras parecidas, que habría que haber adoptado con o sin crisis económica, porque no nos olvidemos que el sistema sanitario estaba en crisis antes de la crisis económica, porque la deuda de 20.000 millones no se ha generado en dos años", ha apuntado el consejero aragonés, Ricardo Oliván.

También, la consejera gallega, Rocío Mosquera, ha señalado que la aplicación del copago farmacéutico en función de la renta no va a "distorsionar" las rentas familiares y ha comentado que, antes de hacer una valoración sobre el ahorro que puede suponer a cada comunidad, es necesario realizar antes unos cálculos poblacionales.

Por su parte, la consejera del Gobierno murciano, María Ángeles Palacios, ha calificado de "muy buena noticia" el hecho de que los parados no tengan que pagar los medicamentos y ha considerado que la ampliación del copago farmacéutico hace el SNS "un poco más equitativo". Dicho esto, ha asegurado que esta medida no se han realizado con "ningún afán recaudatorio" si no "disuasorio".

Asimismo, la consejera balear de Salud y Consumo, Carmen Castro, considera "muy justa" la reforma sanitaria, porque "evita el copago" y mantiene las "mismas prestaciones", por lo que "va en la línea de lo que hemos ido haciendo en Baleares desde el primer día".