El juez Ruz pide al Barcelona el contrato de Neymar

En un auto dictado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se declara competente para investigar estos hechos por tratarse de supuestos delitos cometidos por españoles en el extranjero y admite la personación del querellante, el impulsor de la plataforma opositora 'Consulta Barça' Jordi Cases.

Ruz, que se dirige al club azulgrana a petición de la Fiscalía, pide los justificantes de las cantidades desembolsadas por el fichaje de Neymar así como los informes y memorias económicas relativos a los años 2011, 2012 y 2013 en los que la Junta Directiva del Barça dio cuenta de los contratos con Neymar ante la Asamblea General Ordinaria del club.

El magistrado solicita la práctica de esta diligencia, tal y como pidió el fiscal José Perals, a fin de "averiguar si los extremos alegados por el querellante son ciertos" y si, como sostiene éste, el Barcelona no ha facilitado la información sobre el contrato de Neymar a la Junta Directiva y sus socios, a pesar de habérselo pedido por burofax.

También argumenta en su escrito que los hechos son competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado ordinario porque podría tratarse de un delito cometido por españoles en el extranjero, ya que el dinero del traspaso se habría ingresado en un banco brasileño.

Una empresa del padre

El querellante, socio del Barcelona y portavoz de un grupo opositor a Rosell, sostiene que el club fichó a Neymar por 57,1 millones de euros, de los cuales 40 habrían ido a parar a la sociedad Neymar&Neymar (N&N), propiedad del padre del jugador, y 17,1 millones se habrían abonado en concepto de derechos federativos.

A esta cantidad habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos, equipo en el que militaba Neymar, y otros 9 por la celebración de dos partidos amistosos.

El juez también hace suyos los argumentos del fiscal al recordar que el delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción supone "la gestión desleal de un patrimonio cometido por el administrador cuando perjudica patrimonialmente a la sociedad, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance". "Es decir, no se exige un ánimo de tener la cosa como propia bastando el dolo del perjuicio que ocasiona", explica.

El abogado del querellante, Jordi Cases, propulsor de la fallida moción de censura contra Rosell por el 'caso Qatar', señaló a Europa Press que ha solicitado la declaración del presidente del Barça como imputado y del futbolista como testigo. A su juicio, aunque Rosell "no se haya apropiado" del dinero, "debe explicar por qué pagó esa cantidad" a la sociedad del padre del jugador.