Rodrigo Rato, citado a declarar como imputado en la causa sobre sus negocios

La citación del que fuera director gerente del Fondo Monetario Interncional (FMI) se ha producido el mismo día en que el juez ha escuchado como testigo a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

La responsable de este organismo tributario, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sido preguntada sobre el informe de la Agencia Tributaria que apunta a la presunta comisión de cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por parte de Rato.

Valdecasas ha ratificado el informe que provocó la detención durante ocho horas de Rodrigo Rato el pasado 16 de abril, mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.

La comparecencia de la testigo ha tenido lugar después de que la secretaria del juzgado haya cotejado durante 20 días en las oficinas de la ONIF los cerca de 40.000 documentos intervenidos en la causa.

Tras la presentación de dicho informe a la Fiscalía de Madrid, la Audiencia Provincial descartó el alzamiento de bienes -supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional- y la Fiscalía Anticorrupción puso en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal.

Despatrimonialización

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria, que pidió la detención del exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de las operaciones de despatrimonialización que habría realizado en los años 2014 y 2015. También reclamó el registro de su domicilio "incluso con la autorización de la fuerza".

En su informe, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.

La inspectora jefe de la ONIF ha sido preguntada sobre las presuntas operaciones de despatrimonialización que se detallaban en el informe, en el que se advertía de que se han realizado "con mucha intensidad" en 2014 y 2015 y que podrían derivarse de las posibles responsabilidades pecuniarias relacionadas con la imputación del exministro en el 'caso Bankia'.

La Agencia Tributaria denunció que Rato tiene "un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales", algo que choca con una actividad empresarial y profesional "básicamente nacional y escasamente internacional", según señalaba la denuncia.

También sospecha que Rato utilizaba "territorios de riesgo" (paraísos fiscales) a efectos financieros y societarios y alertaba de que existía "una elevada facturación interna" en su entramado societario que "hace presumir la emisión y recepción de facturas de conveniencia al objeto de evitar la tributación en IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.

Por otra parte, cree que los servicios de asesoramiento prestados por el expresidente del FMI "hayan sido facturados a través de sociedades ajenas a tal actividad al objeto de evitar su tributación por IRPF y efectuando una escasa o nula tributación por el Impuesto de Sociedades o IVA".

De todo esto, la Agencia Tributaria presume en la conducta del expresidente de Bankia "el ánimo de defraudación tributaria", razón por la que reclamó a la Fiscalía que interpusiera una denuncia por los riesgos de ocultación, destrucción y dificultad en la obtención de pruebas y por la actitud de despatrimonialización de Rato.