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El Rey retira el título de duquesa de Palma a su hermana Doña Cristina

El Rey Felipe VI ha decidido retirarle el título de duquesa de Palma a su hermana la Infanta Cristina seis meses después de que el juez José Castro decidiera sentarla en el banquillo para juzgarla como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido, Iñaki Urdangarin, implicado en un presunto caso de malversación de fondos públicos relacionado con los contratos millonarios que firmó con las Administraciones balear y valenciana. El monarca solo comunicó a la infanta su decisión unos minutos antes de que fuera hecha pública. La retirada del título ha sido ya ratificada por el Gobierno en el real decreto que se ha publicado en el BOE.

El monarca comunicó a su hermana su decisión este mismo jueves por la tarde, minutos antes de que la Casa del Rey hiciera público el anuncio, según han informado a Europa Press fuentes solventes.
La decisión, que publicará este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de real decreto, consiste específicamente en prohibir a la Infanta que haga uso de ese título, que le concedió su padre, el Rey Juan Carlos, con motivo de su enlace matrimonial con Urdangarin en 1997. Solo el Rey -en la actualidad Felipe VI-- poseía la capacidad de retirarle ese título nobiliario.
La Casa del Rey ha anunciado este jueves la decisión, que llega apenas una semana antes de que el reinado de Felipe VI cumpla su primer aniversario. En su discurso de proclamación, Felipe VI se comprometió a hacer más ejemplar a la institución porque así lo demandan "con razón" los ciudadanos.
La revocación se produce cuando está pendiente conocer la fecha para de su juicio
La Infanta Cristina ha conocido la revocación de su título de Duquesa de Palma cuando está pendiente de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, fije la fecha para iniciar el juicio contra ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente 'pantalla' de la que ambos son propietarios.
El juez Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, por los que la acusación particular, Manos Limpias, pide una pena para ella de ocho años de prisión, cuatro por cada uno de los delitos. Hasta un total de 18 acusados están pendientes de ser juzgados en esta causa.
Castro, que fijó una fianza para Cristina de casi 2,7 millones de euros, apunta que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta de 2007 y 2008.
Para justificar su petición de ocho años de cárcel, Manos Limpias considera que la Duquesa incurrió en una agravante, y fue la de haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.
De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente urdido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres con el objetivo de desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos desde las Administraciones públicas. Mediante esta trama ambos se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
Según el sindicato, la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón, de ahí que sea considerada cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública en que incurrió su esposo.