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La Reina y los Príncipes de Asturias serán aforados ante el Tribunal Supremo

Contentos con el éxito de la intervenciónGTres

La Reina y los Príncipes de Asturias serán aforados ante el Tribunal Supremo, es decir, en caso de ser imputados por algún delito la causa corresponderá tramitarla al Tribunal Supremo, ha anunciado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al término del Consejo de Ministros.

El ministro de Justicia ha explicado en la rueda de pernsa posterior al Consejo de Ministros que esta decisión respecto a la reina y los príncipes herededos se ha tomado ahora porque se estaba trabajado en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se "ha partido de cero". Así ha señalado que no tenía demasiado sentido que un ministro sea afordao y no la reina y los Príncipes de Asturias.
Gallardón ha dicho que ser aforado "no es un privilegio, sino un instrumento para aumentar la seguridad jurídica". La Reina y los Príncipes tendrán el mismo tratamiento judicial que otros altos cargos, como el presidente del Gobierno, sus ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.
El Rey no precisa aforamiento porque, según establece la Constitución española, su figura "es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
Ruiz Gallardón ha reconocido que el Gobierno consideraba una "disfunción" en la estructura del Estado el hecho de que un ministro estuviese aforado y el Príncipe no.
Las otras novedades de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
La nueva ley que reforma el sistema judicial propone otorgar la instrucción de los casos que estudie la Audiencia Nacional a un tribunal formado por tres magistrados y encomendará también a tribunales colegiados la investigación de las macrocausas seguidas en el resto de España.
La reforma introduce el modelo de tribunales provinciales de instancia, que aprovechará las actuales sedes judiciales y acabará con los jueces de paz, y refuerza la protección de los jueces para evitar que sientan "gravemente" perturbada su independencia judicial. Así, los jueces podrán solicitar que los asuntos sean instruidos por un tribunal colegiado frente a "influencias" externas.
Gallardón también ha "mantenido" que los magistrados no puedan "hacer valoraciones de actualidad sobre asuntos pendientes y resoluciones judiciales". "El juez no debe contaminarse al poder ejercer su función jurisdiccional introduciéndose en un debate ajeno que es competencia de otros poderes del Estado", ha justificado.
Esta reforma de la Justicia refuerza el papel del Supremo, que podrá establecer una doctrina jurisdiccional vinculante para los tribunales inferiores, con el objetivo de reducir la litigiosidad. También se refuerza el recurso de casación y cualquier causa podrá llevarse al Supremo.
El Gobierno ha decidido suprimir las tres categorías judiciales. Todos serán jueces –salvo los magistrados con más de seis años de antigüedad con carácter honorífico- y se introducen las pruebas de excelencia y especialización.