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Rafael Blasco paga la fianza de 200.000 € y evita entrar en prisión

Rafael Blasco en el banquillo durante la primera sesión del juicio por el 'caso Cooperación'EFE

El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado No Adscrito en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha pagado la fianza de 200.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a ocho años de cárcel por malversación y prevaricación en la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se han juzgado irregularidades en ayudas concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

Blasco ha depositado la fianza en la cuenta de consignaciones de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal, con lo que no ingresará en prisión hasta que el Tribunal Supremo (TS) declare firme la resolución que le condena a ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial. Precisamente este jueves por la mañana acaba el plazo para que las partes anuncien los recursos en el TSJCV.
El exconsejero --quien tiene embargadas cuentas y bienes por parte del Tribunal de Cuentas-- tenía un plazo de 48 horas desde este martes --una vez notificada la resolución-- para depositar la fianza, y este miércoles ya la ha hecho efectiva. Así mismo, ha entregado su pasaporte, con lo que no podrá salir de España. También tiene la obligación de comparecer periódicamente ante el tribunal, para evitar cualquier riesgo de fuga.
Todas estas medidas cautelares fueron adoptadas este mismo martes por parte del tribunal que juzgó tanto a Blasco como a otros ocho condenados por esta primera pieza del 'caso Cooperación' --en total, hay tres--, después de que en una vista celebrada el miércoles las acusaciones --Fiscalía Anticorrupción, Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés-- solicitaran para el exconsejero la prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de dos millones de euros ante el riesgo de fuga.
El tribunal atendió en parte estas solicitudes y ordenó prisión para Blasco pero eludible con 200.000 euros de fianza al entender que al ser el "principal promotor" de los hechos, podría tener "contactos y relaciones" para una "eventual elusión" de la justicia hasta que se declare firme la sentencia. No le decretó prisión incondicional ni le impuso la fianza de dos millones de euros al entender la cantidad desorbitada.
Restos d condenados
El tribunal también ordenó prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros para la exsecretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, Tina Sanjuán, así como la entrega de su pasaporte y comparecencias semanales en base a la "gravedad" de la pena y ante un "cierto arraigo" fuera de la nación. Precisamente para Tina Sanjuán, condenada a siete años y medio de prisión, la Fiscalía Anticorrupción también solicitaba prisión incondicional y, subsidiariamente, el pago de una fianza de 600.000 euros.
Así mismo, el tribunal ha retirado el pasaporte al exsubsecretario de la Consejería, Alexandre Català, y le obliga a comparecer semanalmente en el juzgado; así como al exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y a una trabajadores de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera. Estos dos últimos ya habían entregado su pasaporte.
Respecto al exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, el tribunal también le ha prohibido la salida del territorio nacional y le ha ordenado la entrega de su pasaporte. También le impone comparecencias ante el juez pero, a diferencia del resto de los condenados, de forma quincenal.
En esta causa ha habido otros dos condenados, el empresario y cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, quien se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; y el ex director general de la extinta Consejería Josep María Felip, quien tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión.