Prisión para uno de los cinco investigados por amañar contratos de la Policía y la DGT

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza de una persona detenida por la Policía Nacional la semana pasada por pertenecer presuntamente a una organización criminal que operaba en el seno de la Dirección General de esta institución y de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La decisión se ha adoptado en el marco de la operación Grapa, que investiga a una organización criminal por dedicarse a amañar contratos, así como servicios de cafetería, confección de uniformes, obras o material a cambio de comisiones ilegales y prebendas de distinta índole.

Además, otros tres detenidos, todos ellos vinculados a la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, así como de la Dirección General de Tráfico, quedaron en libertad con medidas cautelares, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En concreto, tienen la obligación de acudir al juzgado cada quince días, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido abandonar el país. El quinto detenido que fue puesto a disposición judicial quedó en libertad, pero en condición de investigado, con la única medida cautelar de comunicar al Juzgado si se cambiara de domicilio.

A las cinco personas que declararon ante la magistrada se les atribuye pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, fraude y cohecho, entre otros delitos.

El Juzgado de instrucción 19 de Madrid se inhibió posteriormente al Juzgado de instrucción número 50, que es el órgano que tramita las diligencias previas correspondientes a este procedimiento y cuyas actuaciones se mantienen bajo secreto de sumario.

La operación Grapa contra el amaño de contratos dentro de la Policía Nacional y la DGT arrancó a mediados de 2016 y se centra en su División Económica y Técnica. Fuentes policiales informaron de que, en total, el pasado 25 de octubre se detuvo a 14 personas, siendo un facultativo el de mayor jerarquía.

La Fiscalía Anticorrupción explicó en un comunicado que el juzgado de instrucción número 50 de Madrid había autorizado además un total de 22 registros domiciliarios y de entidades sociales en los partidos judiciales de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Navalcarnero, Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara.

Desde la Fiscalía se solicitó también la adopción de medidas cautelares consistentes en el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de 13 vehículos (la mayoría de alta gama), así como la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de un total de seis inmuebles.