Para algunos alcaldes el Pleno del Ayuntamiento no es algo público. O eso es lo que demuestran en multitud de ocasiones cuando amenazan con expulsar de la sesión a algunos vecinos, que hartos de que en las actas no se recoja fielmente lo que se debate durante la misma, deciden grabar los plenos. A pesar de que tanto los Tribunales, como el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados y hasta la Agencia de Protección de Datos respaldan la legalidad de estas grabaciones, aun así algunos alcaldes las siguen prohibiendo y hay quienes han sido detenidos acusados de alterar el orden público por el mero hecho de sacar sus cámaras.