Piden 8 años para el funcionario acusado de malversar 246.000 euros de una cuenta de la Junta andaluza

El Ministerio Público atribuye a M.G.L., quien será enjuiciado por un jurado popular en el marco del conocido como caso 'Cheques', la presunta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de falsedad continuada en documento mercantil, según consta en el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Europa Press y elevado al Juzgado de Instrucción 1 de Almería.

Cabe recordar el Tribunal de Cuentas condenó, en un sentencia devenida en firme el pasado mes de diciembre, a M.G.L. y también al exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Clemente García al considerar a ambos responsables de un alcance en los fondos públicos de la administración autonómica por importe de 182.470,21 euros que no han podido ser justificados y que se hicieron con cargo a una cuenta de la Delegación en la que sólo se podían recibir ingresos procedentes de los aprovechamientos de los montes de la provincia.

En concreto, este órgano declaró a García Varela, sobre el que se dictó sobreseimiento en la causa penal y que acudirá como testigo a este juicio con tribunal de jurado, responsable contable directo por el pago de un total de 41.760 euros a un diario de tirada provincial por la publicación de ciertas informaciones, que no publicidad, mediante un cheque girado contra esta cuenta cuyos fondos estaban destinados al Fondo de Mejora Forestal.

Por otra parte, al funcionario M.G.L., quien era condenado a responder solidariamente junto al exdelegado de la anterior cuantía, le consideró, asimismo, responsable contable directo por la cantidad de 140.710,21 euros que corresponden al cobro por ventanilla de 49 cheques al portador entre marzo y abril de 2009 que él mismo giraba con cargo a la citada cuenta y a otro cheque nominativo a favor de una empresa sin que conste justificación alguna de que los servicios facturados fuesen efectivamente prestados.

En su escrito de acusación, de 15 de marzo, el Ministerio Público recoge que la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y medio era titular de una cuenta en la que se recogía el canon que deben pagar los adjudicatarios de aprovechamiento de montes de titularidad municipal, correspondiente al Fondo de Mejora Forestal de la Consejería de Medio Ambiente en Almería.

Indica que, desde su apertura en 1986, esa cuenta solo recogía abonos procedentes de las tasas cobradas y su utilización "estaba reservada" para actuaciones en montes "sin que se utilizara para la realización de ninguna inversión". Su saldo a fecha de 26 de febrero de 2009 era de 279.837,62 euros, según precisa.

El fiscal remarca que la citada cuenta, por motivos que "no constan", no estaba sujeta a fiscalización por parte del servicio de Intervención de la Junta de Andalucía, "ni se realizaba control alguno sobre la misma por parte de los responsables de la Delegación".

Como personas autorizadas para hacer disposiciones en la cuenta figuraban, entre otros, M.G.L., funcionario con plaza en el Servicio de Gestión del Medio Natural, si bien --matiza-- "ejercía sus funciones en el servicio de gestión económica, figurando con tal autorización desde marzo de 1997 hasta junio de 2010, en que fue dado de baja como clavero".

El Ministerio Público señala que, ante esta situación, el funcionario, "con la intención de obtener un lucro ilícito, conocedor de la falta de uso y control de la cuenta, y teniendo conocimiento del dinero en ella existente", procedió presuntamente a realizar "diversas extracciones de caja mediante el uso de talones bancarios, incorporando el dinero a su patrimonio".

La investigación divide las extracciones en dos periodos temporales; el primero abarcaría de febrero a abril de 2009 y en el transcurso de este habría hecho uso de "49 talones al portador de la entidad bancaria firmados por él" y que alcanzaron un importe total de 134.300 euros. Estos talones, según destaca, fueron abonados al estar M.G.L. "autorizado en la cuenta".

ALTERÓ PRESUNTAMENTE LA NUMERACIÓN DE SU DNI

El segundo periodo temporal, de febrero de 2011 a noviembre de 2012, se caracteriza por el hecho de que el funcionario "firmó" un total de 39 talones al portador por valor de 112.311,06 euros "como autorizado pese a que estaba dado de baja como clavero en esas fechas".

Por este motivo, el fiscal señala que presuntamente alteró su firma en todos, con la única excepción de uno por importe de 7.000 euros, e hizo constar en los siete últimos cheques un número de DNI "distinto al suyo, cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta" ya que los empleados de la entidad bancaria le indicaron "que debía consignar su DNI, además de su firma, para cobrarlos".

El escrito indica que los empleados del banco abonaron los cheques "pese a que en esas fechas ya no figuraba como autorizado" en la "creencia de que seguía teniendo esa condición" y por ser una persona "que habitualmente hacía disposiciones de la cuenta".

No obstante, el Ministerio Público reprocha que no se hicieran "las comprobaciones necesarias" por parte de la entidad, por lo que lo que interesa que se le declare responsable civil subsidiaria y reseña que ya ha consignado judicialmente la cantidad de 112.311,06 euros.

Matiza, además, que, de los cheques de ese periodo, hubo dos por importe de 6.380 y 41.760 euros que fueron abonados a dos medios de comunicación "relacionados con la realización de contratos de publicidad con la Delegación, pese a no ser este el destino de la cuenta y dado el descontrol existente sobre la misma".

"CAMPAÑAS ENCUBIERTAS DE PROPAGANDA"

El Tribunal de Cuentas concluyó sobre el último de estos gastos, por el que fue condenado el exdelegado territorial de Medio Ambiente, que no cabía admitir que las publicaciones encajasen con el concepto de publirreportaje "puesto que nuestro ordenamiento jurídico sanciona como ilícita la publicación de informaciones con fines promocionales sin que quede claramente especificado que se trata de un contrato publicitario" y consideró que "no era admisible que con fondos públicos se pagaran campañas encubiertas de propaganda de la actividad de las administraciones públicas ni que se realizaran pagos a los medios de comunicación a cambio de obtener un tratamiento informativo favorable".

Fue la administración autonómica la que puso en conocimiento de los juzgados de instrucción y del Tribunal de Cuentas, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, presuntas "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.

La Fiscalía interesa para M.G.L. por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos la pena de siete años de prisión y nueve de inhabilitación, mientras que por el supuesto delito de falsedad continuada en documento mercantil solicita dos años de cárcel y multa de nueve meses a razón de seis euros al día. No obstante, en aplicación del artículo 77.2 del Código Penal, pide la pena única de ochos años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.

Asimismo, pide que, en concepto de responsabilidad civil, el funcionario indemnice a la Junta andaluza en la cantidad de 205.395,41 euros.