PSOE, Podemos y Cs rechazan en la Mesa del Congreso el recurso del PP contra la comisión de investigación de sus cuentas

Los representantes del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la Mesa del Congreso se han unido este lunes en la Mesa del Congreso para rechazar el recurso presentado por el PP para paralizar los trabajos de la comisión de investigación sobre su presunta financiación ilegal hasta que los letrados realizaran un informe jurídico para delimitar el objeto de las pesquisas, así como su ámbito temporal e institucional.

Según han informado fuentes parlamentarias, tal y como ocurrió en la reunión que tuvo la comisión de investigación la semana pasada, el PP ha vuelto a quedarse solo defendiendo sus tesis que, en este caso, ha expuesto la propia presidenta de la Cámara, Ana Pastor.

Por su parte, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, impulsores de la creación de esta comisión, que acabó siendo apoyada incluso por el PP, han subrayado que el objeto de la investigación quedó claro cuando el Pleno aprobó su creación y que no es necesario clarificar nada más ni pedir informe jurídico alguno.

EL DÍA 26 SERÁ EL TURNO DE BÁRCENAS

Ahora los 'populares' tendrán que decidir si llevan este asunto al Tribunal Constitucional y la comisión de investigación podrá continuar sus trabajos, analizando la documentación que vaya recibiendo. Respecto a las comparecencias, las abrirá el próximo 26 de junio el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Después se llamará, en una sola sesión en torno al día 12 de julio, a los demás tesoreros. Se trata de Álvaro Lapuerta (predecesor de Bárcenas), que podría renunciar por razones de salud; Carmen Navarro, la actual gerente actual; Rosendo Naseiro (1987-1990) y Ángel Sanchís (1982-1987).

En su recurso, rechazado por la Mesa, el PP pedía al órgano de gobierno de la Cámara que diera trámite al documento de cuestiones previas que registró el pasado 2 de junio y que ya tumbó la comisión con los votos de toda la oposición.

NO ANTES DE 2012

En concreto, solicitaba a la Mesa que delimitase "claramente el objeto concreto y específico de la comisión", así como el ámbito temporal. Según su propuesta, éste debería circunscribirse a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, ya que, alega, resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".

No obstante, el PP señalaba que "no hay que obviar" que, dado que la cuestión central de la comisión es su presunta financiación ilegal, lo "coherente sería no retrotraerse más allá de la entrada en vigor de la ley de 2015 que tipificó el delito de financiación ilegal".

Ahora bien, añadía que, "subsidiariamente", podría comenzar a investigarse desde octubre de 2012, puesto que a finales de ese mes entró en vigor la reforma de la Ley de Financiación de Partidos que fijó las reglas que deben seguir las fuerzas políticas "en materia de financiación privada".

Y EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

De la misma manera, el PP reclamaba la Mesa que delimitara el ámbito institucional de la investigación que para ellos debe ceñirse a la Administración General del Estado dejando fuera comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales.

La tercera petición que hacía el partido de Mariano Rajoy al órgano de gobierno de la Cámara se refería a la concreción del ámbito material de la investigación. En este punto, insistían en que las pesquisas debían limitarse a "los hechos o conductas realizadas por el PP en esta legislatura para su financiación y que pudieran considerarse presuntamente ilegales".

Por último, el PP planteaba que, una vez que la Mesa resolviera su recurso, se abriera un nuevo plazo para presentar su plan de trabajo ante la comisión de investigación y que pudiera ser tenido en cuenta en la hoja de ruta definitiva, de manera que pudieran reclamar la documentación y comparecencia que crean oportunas.

"TODO VALE CONTRA EL PP"

De hecho, en su escrito denunciaba la "actitud intransigente" y el "absoluto desprecio" a los planteamientos del PP demostrado por el resto de grupos al desoír sus peticiones y dar vía libre a un plan de trabajo, que tacha de "arbitrario" y carente de regla alguna. También esgrimía que esa falta de normas y el "todo vale contra el PP" generará confusión entre la esfera parlamentaria y la judicial.

A su juicio, que la comisión trabaje "sin reglas" supondría que sus miembros de arroguen "funciones judiciales" que contravienen el artículo 76 de la Constitución y que suponen "un retroceso hacia planteamientos predemocráticos", al dejar a un lado la garantías para la defensa del derecho a la "presunción de inocencia".

Además, los 'populares' aducían que, al no haberse atendido sus solicitudes previas, se había vulnerado "claramente el derecho al ejercicio de sus funciones parlamentarias" porque no les ha permitido presentar su plan de trabajo.

Estos dos argumentos podrían servir al PP en caso de que finalmente decida recurrir ante el Tribunal Constitucional, una vez que la Mesa ha rechazado su recurso.