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PSIB, MÉS y Podemos muestran su voluntad de acuerdos para dotar de seguridad jurídica a la ley de alquiler turístico

PSIB, MÉS y Podemos han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos para solventar "lo antes posible" los problemas de inseguridad jurídica que genera la ley de regulación del alquiler turístico, tras su aprobación el pasado martes en el Parlament.
Este jueves se ha convocado una nueva reunión de la comisión de seguimiento de los 'Acords pel Canvi', la hoja de ruta de los partidos que sustentan al Govern, en la que, según han señalado los portavoces de las tres formaciones se ha acordado "intentar buscar una solución" en un "periodo breve" a las "dudas" que genera la nueva normativa.
Así lo ha manifestado la portavoz parlamentaria de la formación morada, Laura Camargo, quien ha indicado que Podemos "no está de acuerdo en que ha actuado de forma inesperada" -al votar en contra de la modificación del artículo 49 de la Ley de Turismo de 2012-, puesto que, tal y como ha recordado, su formación "lleva meses" anteponiendo el derecho a la vivienda al del alquiler vacacional.
Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha apelado a la necesidad de "modificar" la normativa aprobada hace dos días para "dotarla de seguridad jurídica".
"Hemos constatado que la ley que ha quedado con el voto en contra de Podemos no es una ley que tiene seguridad jurídica, por lo tanto, habrá que reformar rápidamente la normativa", ha aseverado Abril, quien ha añadido que sí que se mantendrán vigentes algunos aspectos de la normativa, como el techo de plazas y el régimen de multas".
"Está claro que habrá que modificar la Ley, porque ha quedado el artículo 49 que es el que define lo que entra y no entra en el ámbito del alquiler turístico que es incoherente con el resto de la normativa y eso genera una inseguridad e indefensión tanto a los ciudadanos como a las instituciones a la hora de aplicarla", ha añadido.
Desde el PSIB, Andreu Alcover, ha insistido en que hay un "antes y un después" de la aprobación de la Ley que regula el alquiler turístico, al haberse creado un "problema jurídico y político" que hay que solucionar, ha indicado.