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El PP ve el referéndum del 1 de octubre "como el 9N pero más cutre"

Dice que el registro de catalanes en el exterior constata el fracaso del independentismo
El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha asegurado este martes que el referéndum que el Govern ha anunciado para el 1 de octubre es "como el 9N pero más cutre".
En rueda de prensa en el Parlament, ha dicho que el 1-O "tiene las mismas premisas que el 9N pero ahora hay un profundo agotamiento de la sociedad", y se ha preguntado de qué sirve querer repetir una votación como la de entonces tres años después.
Preguntado por si eso significa que el PP asume que el 1-O habrá urnas y gente votando como en el 9N, Fernández ha dicho que no: "Sólo digo que hay los mismos elementos sobre la mesa entonces y ahora".
Ha detallado que estos elementos son "que no hay censo legal ni creíble, no hay Junta Electoral y tampoco garantías democráticas mínimas", teniendo en cuenta que el recuento y la figura de los interventores recaerán en voluntarios.
"Me temo que con todos estos parámetros, la neutralidad no sería una característica fundamental", ha ironizado Fernández, que ha añadido que lo único que se consiguió el 9N y lo que se conseguiría ahora otra vez es hacer un ridículo internacional espantoso.
Para el PP catalán, el proceso independentista está dando "los últimos coletazos antes de su fracaso", algo que puede constatarse en el hecho de que "solo" se hayan inscrito 5.000 de los 200.000 catalanes que viven en el extranjero al Registro de Catalanes en el Exterior impulsado por el Govern.
"El separatismo llega a la recta final claramente dividido y en proceso de descomposición", teniendo en cuenta que incluso la CUP ha criticado la gestión del Govern en relación a este registro, ha añadido Fernández.
También ha considerado que las cifras de registro demuestran que "los catalanes que están fuera, con menos contaminación mediática, analizan el proceso de otro modo y se dan cuenta de que no tiene futuro".
Además, ha criticado al Govern por "romper Cataluña y sus instituciones, perjudicando la unidad civil, desautorizando al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y a los letrados del Parlament", desplegando su hoja de ruta al margen de cualquier autoridad.