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El PP impondrá auditorías a municipios de más de 5.000 habitantes

Imagen de archivo del presidente del PP, Mariano RajoyEFE

Potenciará la jurisdicción del Tribunal de Cuentas

El Partido Popular considera que la administración local necesita una reforma que potencie "el control y la fiscalización" de los entes que la integran y, en concreto, pretende que todos los municipios con más de 5.000 habitantes sean sometidos a auditorías financieras, operativas y de cumplimiento.
Éste es uno de los compromisos electorales con los que el candidato a presidente del Gobierno Mariano Rajoy acudirá a las próximas elecciones generales del 20N y que aparece recogido en el programa completo hecho público este martes por el PP en internet.
En el capítulo bautizado 'La administración, motor del cambio', el PP incluye la propuesta de elaborar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español, que garantice que todos los agentes del sistema de control interno actúan bajo "estándares y reglas comunes" y establezca procedimientos uniformes que "impidan en el futuro la existencia de gastos ocultos".
Además, el PP se compromete a potenciar la jurisdicción del Tribunal de Cuentas y avanza que, para que las corporaciones locales puedan recibir ayudas y subvenciones públicas, se exigirá "la exacta y completa rendición de cuentas".
Nuevas sanciones y facturas informativas
Asimismo, se establecerán nuevas sanciones por las infracciones de la legalidad presupuestaria y se reforzarán las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos en el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y en el manejo de los fondos públicos.
Según ha asegurado el aspirante a presidente del Gobierno, una de las primeras cosas que hará si gana el 20N será una revisión generalizada del gasto para el conjunto de la Administración, de forma que se puedan establecer prioridades dentro de la política general de austeridad.
Así, exigirá que todos los presupuestos de todas las administraciones distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son y "avanzará" en la obligación de que las administraciones emitan "facturas informativas" con el importe de los servicios públicos recibidos.
Además, avanza que promoverá un "nuevo modelo de financiación" que evite la "consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales" y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria.
Transparencia
Por otra parte, y en aras de la transparencia, el PP pretende hacer públicas "de manera fácil y completa" todas las subvenciones concedidas, los criterios utilizados para su adjudicación, los instrumentos de evaluación de su eficacia y la relación nominativa de sus beneficiarios.
Además, se compromete a mejorar "significativamente" la transparencia en los procedimientos de contratación administrativa, reforzando la competencia y la publicidad de todas las actuaciones. También quiere garantizar procesos transparentes en el nombramiento de puestos directivos de todas las administraciones, para primar "el mérito y la capacidad".
El programa hace mucho hincapié, como ya hacía en las 'cien primeras medidas para el cambio', en la necesidad de evitar solapamientos y duplicidades en la prestación de servicios públicos, y se compromete a "delimitar con mayor precisión el marco competencial" de las diferentes administraciones y suprimir todos aquellos entres y organismos públicos que no respondan a una racionalidad económica o administrativa.
Además, anuncia que creará "centros de servicios compartidos" para generar ahorros y permitir "centrar esfuerzos" de los ministerios en las políticas públicas.