Osàcar declarará mañana tras confesar Millet y Gemma Montull supuestas ilegalidades de CDC

El extesorero de CDC Daniel Osàcar declarará como acusado previsiblemente este jueves en el juicio por el expolio del Palau de la Música, al día siguiente de que el expresidente de la institución Fèlix Millet y la exdirectora financiera Gemma Montull hayan confesado la presunta financiación irregular del partido a través de la entidad.

La sesión de este jueves empezará a las 9.30 y, según la petición del fiscal Emilio Sánchez Ulled, será con la declaración de Jordi Montull, que previsiblemente corroborará la versión de su hija Gemma.

Osàcar declarará después de que tanto ella como Millet dijeran este miércoles que era el entonces tesorero a quien le entregaban el dinero que Ferrovial daba al Palau --después de la muerte del terorero de CDC Carles Torrent--, y que las comisiones eran del 4%: el 2,5% para CDC y el 1,5 para Millet y Montull.

El abogado de CDC y del extesorero, Xavier Melero, ha declarado a la prensa tras la sesión de este miércoles que la declaración "por supuesto que no" perjudicará a su cliente.

"Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por cien justos que se salvan", se ha limitado a responder metafóricamente el abogado.

Osàcar se enfrenta a una petición del fiscal de seis años de cárcel, mientras que el partido está acusado como responsable civil a título lucrativo.

CASI OCHO AÑOS DESPUÉS

La causa, que ha tardado casi ocho años en llegar a juicio después de que los Mossos irrumpieran en el Palau en julio de 2009, ha tenido un punto de inflexión en los últimos días con la negociación entre los Montull y Fiscalía para intentar una rebaja de sus penas a cambio de una confesión.

Jordi Montull se enfrenta a 27 años y medio de cárcel y su hija a 26 años: la pena que la Fiscalía pide para ella es lo que ha acelerado la negociación para eludir una pena tan elevada de cárcel dada su juventud.

La Fiscalía considera que CDC --partido refundado como PDeCAT-- cobró presuntamente comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicársele obras públicas de instituciones gobernadas por el partido y que, presuntamente, se camuflaban como donaciones al Palau.