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El exdiputado 'popular' Ortiz defiende en la Audiencia Nacional la legalidad de sus adjudicaciones a Púnica

El exdiputado regional del PP Daniel Ortiz ha defendido este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la legalidad del proceso de adjudicación de un contrato de eficiencia y mantenimiento otorgado a la empresa de la trama Púnica, Cofely, en su etapa como alcalde de la localidad madrileña de Móstoles.
Ortiz ha declarado como investigado después de que pasado 15 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSMJ) suspendiera su citación tras renunciar a su escaño, dado que la sala ya no era competente para llevar el caso al no ser aforado.
Ha respondido durante hora y media a las preguntas del juez y las fiscales Anticorrupción y ha puesto de manifiesto que el contrato contaba con el visto bueno del Tribunal de Cuentas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 le imputa delitos de fraude en la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, de revelación de secretos y de cohecho y precisó en un escrito que el que fuera alcalde de Móstoles entre 2012 y 2015 "presionó" continuamente a funcionarios y cargos municipales para que pasaran información confidencial a Cofely.
A lo largo de 74 folios Velasco detalló que el objetivo era el de beneficiar a esta compañía a cambio de comisiones y en perjuicio de las arcas públicas y de los intereses de la otra empresa licitadora que concurrían en el procedimiento. Además argumentó que se investiga en esta pieza de la trama --liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su socio David Marjaliza-- los presuntos actos de corrupción que Ortiz realizó bajo su mandato en Móstoles y que eran "en beneficio de Cofely con un ánimo de lucro personal"
Velasco también apuntaba a la intervención para el cobro de dádivas de quien fuera "su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y el hermano de este, Mario", que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla la Nueva (Madrid). Ambos actuaban como intermediarios con la empresa, que es filial del grupo GDF Suez.
El diputado autonómico decidió dimitir en aplicación al código ético del PP --que estipula renuncia voluntaria cuando un cargo es imputado en casos de corrupción-- y manifestó su inocencia respecto a los hechos que motivan la investigación.
Ha asegurado ante el juez que no cobró mordidas ni sobornos y detallado los pagos recibidos por el contrato, "todos ellos legales" y sobre los que ha aportado documentación.
El juez Velasco ha tomado también declaración este martes como investigados al alcalde 'popular' de la localidad leonesa de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, y al empresario Alejandro de Pedro, en calidad de representante legal de las empress Madiva y Eico dedicadas a la mejora de la reputación on line.