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El director general de Seguridad Ciudadana de Melilla, entre los 15 detenidos

Gregorio Castillo, director general de Seguridad Ciudadana de MelillaEFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este martes una operación simultánea en varias provincias españolas en la que ha detenido al menos a quince personas a las que acusa de haber cometido presuntamente  fraude en contratos públicos. La mayor parte de las detenciones y registros han tenido lugar en Melilla donde los agentes han arrestado al director general de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma, en el marco de esta denominada 'operación Tosca'.  Este cargo depende de la Consejería de Seguridad Ciudadana que, entre otras cosas, gestiona servicios como los Bomberos, la Policía Local o Protección Civil. Este detenido es policía nacional de profesión.

La Guardia Civil había logrado ya a las 13.30 la detención de al menos 14 personas por su presunta vinculación con estas actividades fraudulentas en la concesión de contratos públicos. A todos ellos se les imputan delitos Contra la Administración Pública y a algunos también el delito de Blanqueo de Capitales y Falsedad Documental. Los investigadores prevén el arresto de una persona más, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.
Las actuaciones de la Guardia Civil están teniendo lugar en Melilla, Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Paralelamente a los arrestos de este martes, los investigadores entregarán en los próximos días citaciones a otros implicados para que comparezcan ante la Autoridad Judicial en calidad de imputados.
Las pesquisas de este caso se iniciaron en 2013, cuando la Guardia Civil intervino diversa documentación que evidenciaba el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de Melilla. Obtuvo esa información durante el desarrollo de la 'Operación Ópera', relacionada con Delitos contra la Salud Pública y Blanqueo de Capitales.
Dos años de investigación
Tras estas primeras actuaciones y efectuadas varias detenciones de altos cargos de la Ciudad Autónoma y registros en distintas Consejerías, a finales del año 2013 la Unidad Central Operativa se hizo cargo de la investigación. En el mes febrero del año 2014, los investigadores realizaron nuevos registros en Consejerías de la Ciudad Autónoma, sociedades mercantiles vinculadas con los contratos investigados y en domicilios particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas, viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general.
De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos.
La operación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Melilla y la Fiscalía de esa Ciudad Autónoma y la ejecuta el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con otras Unidades de las provincias afectadas.
'Operación Ópera'
Las actuaciones por la 'Operación Ópera' comenzaron el 12 de septiembre de 2013 en la llamada 'Operación Ópera' y provocó la imputación de siete personas, entre ellas el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig (PP); el director general de Gestión Económica de este área, José Pastor; el funcionario de Medio Ambiente, Juan Carlos López Rueda; el ex Interventor General accidental de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero, entre otros.
El Juzgado de Instrucción número 4 ha emitido un nuevo auto esta semana en el que saca tres piezas separadas del caso principal: una relacionada con la Vicececonsejería y otras dos con dos empresas (Eulen e Himosa). Señala el Juzgado que la instrucción se inició para la investigación de un presunto delito de falsedad documental relacionado con la contratación administrativa, luego extendida a presuntos delitos de exacción ilegal, prevaricación y tráfico de influencias.
La matriz de esta operación, la llamada 'Ópera', se concreta en esclarecer las presuntas "actuaciones irregulares", presumiblemente constitutivas de los referidos delitos, de determinados órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en la contratación pública.
Estas actuaciones afectarían tanto a la contratación menor (dando lugar al fraccionamiento de los importes abonados por obras o servicios) a fin de eludir la contratación mediante concurso, como a la contratación mediante concursos públicos en los que se habría llevado a cabo una concertación previa entre responsables de las empresas finalmente adjudicatarias y funcionarios de la Administración para determinar el resultado del concurso.
Todo ello, según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla al que ha tenido acceso Europa Press, con la connivencia entre las personas físicas o jurídicas encartadas y los responsables de las Administraciones públicas contratantes, dando lugar a la obtención de beneficios recíprocos, en perjuicio del erario público.
Contratos menores
Inicialmente, añade, la investigación se centró en la contratación por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de la sociedad Construcciones y Reformas el Porvenir, perteneciente a Abdelkader Kasem Abdelkader, implicado en las diligencias previas 1947/2009, y cuya declaración en este procedimiento, junto con las irregularidades constatadas en la contabilidad de dicha sociedad, fue determinante para la deducción del testimonio origen de esta causa.
En este aspecto, el objeto de la investigación se centró, en un principio, en la llamada contratación menor, esto es, la adjudicación directa de contratos cuyo montante económico se fraccionaba para no rebasar las cuantías establecidas por la Legislación especial de contratación pública, 18.000 euros tratándose de servicios y 50.000 euros respecto de las obras.
Las sucesivas diligencias acordadas judicialmente y llevadas a cabo por la Policía Judicial, se concretaron en distintas líneas de investigación centradas, por un lado, en la contratación pública con una o varias empresas determinadas, y, por otro lado, en el análisis patrimonial de los implicados, especialmente los responsables públicos.