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Nieto no teme su imputación y se ofrece a colaborar con la Justicia para que se "aclaren las conjeturas"

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado este martes a su llegada a la Comisión de Interior del Congreso que no teme ser imputado en el 'caso Lezo' y que espera que el sumario permita conocer la "auténtica verdad". "Voy a seguir colaborando en todo lo que esté en mi mano, pero espero también que se vayan aclarando las dudas, conjeturas y planteamientos que sean poco claros", ha dicho.
También ha insistido, a preguntas de la prensa, en que no se ha planteado dimitir por su reunión con Pablo González, exdirectivo de Mercasa y hermano del expresidente madrileño Ignacio González. El 'número dos' de Interior ha defendido que desde que estalló la 'operación Lezo' el 19 de abril y se supo de su reunión a través de un auto del juez instructor, Eloy Velasco, ha intentado actuar siendo "absolutamente leal a la verdad".
"Confío en la Justicia y en los jueces y en que el tiempo nos pueda ir permitiendo conocer el sumario y la auténtica verdad", ha dicho Nieto, que ha resumido este deseo en que "quienes han actuado en contra de la ley estén donde tienen que estar", es decir, en prisión. Dicho esto, ha reiterado que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene su cargo a su disposición.
Nieto remitió ayer un escrito a la Fiscalía Anticorrupción solicitando que aclaren si le imputan algún delito por su cita con Pablo González o, en caso contrario, desmientan su relación con la "presunta investigación chivada", tal y como sostuvieron los fiscales del 'caso Lezo' en un escrito anterior en el que se oponían a la excarcelación de Ignacio González. El Ministerio Público ha aclarado ya que no imputa ningún delito al secretario de Estado.
"Tengo la tranquilidad de que sé lo que ocurrió en esa reunión y de que no hay nada de lo que tenga que arrepentirme. Lamento, y no saben cuánto, la mala suerte de que se produjera esa reunión", ha terciado Nieto, que también ha defendido que la Policía Judicial, los fiscales y jueces tienen los "medios suficientes" para investigar la corrupción con independencia.