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El juez de Nicolay da dos días para que la Policía aporte más detalles de programas 'espías' instalados en móviles

Contesta así a un escrito en el que Cosidó le explica que sólo usan aplicaciones para "garantizar la seguridad" de los teléfonos
El juez Arturo Zamarriego ha dado un plazo de dos días a la Dirección General de la Policía para que le envíe el informe completo sobre las "características y posibilidades" de los programas que instala en los teléfonos móviles de sus funcionarios. Concretamente quiere saber si con estas aplicaciones "se puede realizar una administración remota del terminal telefónico", según consta en una providencia de este 13 de septiembre a la que ha tenido acceso Europa Press.
El titular del juzgado de instrucción 2 de Madrid investiga la grabación que se filtró a la prensa de una conversación el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Marcelino Martín Blas, entonces responsable de la Unidad de Asuntos Internos, y otros agentes de la Policía y del CNI cuando hablaban sobre actuaciones que afectaban a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'Pequeño Nicolás'.
El magistrado ha realizado esta nueva petición después de recibir un escrito de tres páginas firmado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con fecha de 6 de septiembre y con sello de entrada en el juzgado el día 12 de este mes. En dicho escrito, contestando a una petición anterior del juez, el máximo responsable del Cuerpo habla de programas para "garantizar la seguridad" de los teléfonos móviles que fueron instalados "a altos cargos".
Zamarriego solicita que la sección de Informática Forense de la Comisaría General de Policía Científica aporte "en el plazo de dos días" el correspondiente informe sobre el teléfono de la marca Apple modelo iPhone 4 que usó el comisario Martín Blas y que es objeto de la instrucción. La investigación apunta que fue usado remotamente para grabar la conversación de los cinco agentes de la seguridad del Estado.
Martín Blas encabeza la comisión judicial en la que se está apoyando el juez Zamarriego para llevar a cabo su instrucción, una decisión controvertida que ha merecido dos escritos del fiscal Alfonso San Román --contando con el respaldo público de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal-- solicitando la disolución de este órgano al cuestionar su independencia, ya que este comisario investiga un caso en el que fue perjudicado.
Esta comisión elevó en mayo un informe en el que responsabilizaba de la grabación a José Manuel Villarejo, un comisario ya jubilado que se definía como "agente encubierto" y que mantiene una disputa con Martín Blas en lo que se conoce como 'guerra de comisarios'. Zamarriego también pidió a la Dirección General de la Policía la relación de viajes oficiales a Cataluña que realizaron ambos policías entre 2012 y 2014.
"EXISTEN DOS ASISTENCIAS TÉCNICAS"
La Dirección de la Policía ha remitido al juez, de momento, información sólo de sus programas para encriptar móviles, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Concretamente, ha trasladado al magistrado que "actualmente existen dos asistencias técnicas" contratas con la empresa Indra, y añade: "Se desconoce si existen otros contratos con el Ministerio del Interior".
Cosidó ofrece al juez la relación de los carnés profesionales del jefe de Área de Informática de la Policía y los agentes autorizados para relacionarse con esta empresa para instalar las aplicaciones COMSEC y MobileDesk MDM.
Zamarriego preguntó concretamente cuándo se instalaron estos programas en el móvil del comisario Martín Blas. "En los archivos del Área de Telecomunicaciones sólo consta que en fecha de 4 de noviembre de 2012 se le adjudicó un terminal móvil iPhone 4, pero no consta la fecha exacta de la instalación de la aplicación", detalla el director de la Policía.
Acto seguido, añade que en septiembre de 2013 este mando policial recibió un Samsung Galaxy ACE. Cosidó también remarca que ya remitió un informe en septiembre de 2015 al juzgado de Zamarriego en el que "se daba cuenta de la inexistencia de aplicaciones ubicadas en el referido terminal".
Cosidó argumenta que estas aplicaciones necesarias para "implementar la máxima seguridad de las comunicaciones entre los responsables de la Policía Nacional" se instalaron a los miembros de la escala superior, incluyendo al director Adjunto Operativo.
Entre las características, detalla que son programas para permitir llevar a cabo "comunicaciones cifradas a través de cualquier operador del mundo" que, cuando son llamadas de voz, se realizan "en modo full duplex", es decir, usando un sistema que no degrada la calidad del servicio.
NUEVAS CITACIONES
El próximo 28 de septiembre declararán en el juzgado número 2 de Plaza de Castilla dos trabajadores de la productora Mandarina. Se trata de los dos empleados a los que aludió la semana pasada en su declaración judicial el perito de esta misma empresa que concluyó que los policías hablaban de "lavar" pruebas para perjudicar al 'Pequeño Nicolás'.
Zamarriego trata de esclarecer si en la grabación del 20 de octubre de 2014 se habló de "lavar" pruebas, como sostiene la defensa del 'Pequeño Nicolás' apoyándose en dicho informe, un extremo que ha sido refutado por otro informe de la Policía Científica.
El 28 de septiembre, antes de los empleados de la productora Mandarina, el titular del juzgado 2 de Madrid ha citado a dos vigilantes de seguridad para que testifiquen sobre otra cuestión: un incidente entre el 'Pequeño Nicolás' --según ha denunciado este joven-- y el inspector Rubén López, 'mano derecha' en la comisión judicial que encabeza Martín Blas.
En el juzgado de Zamarriego han prestado declaración ya Martín Blas y Villarejo, así como el propio Ignacio Cosidó. Está pendiente de comunicar la de Gemma Alcalá, mujer de José Manuel Villarejo y directora de 'Información Sensible', investigada por ser el medio que publicó la primicia sobre la grabación a los policías objeto de la investigación judicial.