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Montoro, convencido de que la Generalitat justificará sus cuentas, revela que Cataluña recibirá el pago del FLA de julio

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha revelado este jueves que Cataluña recibirá 110 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) correspondientes al mes de julio porque no se ha certificado que haya cometido alguna irregularidad destinando dinero público a la financiación del referéndum. Y se ha mostrado convencido de que la Generalitat cumplirá tanto con la obligación de notificar semanalmente una justificación de sus gastos como con el requerimiento de notificar el nombre de los funcionarios responsables de hacerlo.
"Lo demás son ganas de tensar donde no hay que tensar", ha rechazado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha explicado que esta semana se abonará el pago del FLA correspondiente al mes de julio. "No tengo razón para presumir que haya incumplimiento", ha insistido después de que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobara el pasado viernes la obligación de la Generalitat de justificar semanalmente sus gastos.
Según ese acuerdo, el Gobierno catalán debía además notificar antes de este miércoles el nombre de los funcionarios responsables de esa justificación. Dado que no lo hizo, el ministro ha confirmado que se le ha enviado un nuevo requerimiento para que lo haga, ya que rechaza el argumento de la Generalitat de que los responsables son el presidente y sus consejeros.
"Eso es una obviedad. Pero no estamos hablando de eso. Hay unos funcionarios que tienen que garantizar la aplicación de la legalidad y que certifiquen que lo están haciendo", ha insistido Montoro, que ha defendido la "normalidad" de la decisión del Gobierno de exigir una justificación de los gastos y ha recordado que ya se hacía desde el año 2015, aunque no de forma semanal ni desglosada por organismos.
El ministro ha insistido en que el referéndum independentista anunciado para el 1 de octubre ha sido declarado ilegal por todos los organismos, incluido el Tribunal Constitucional, y por ello es obligación del Ejecutivo garantizar que no se destina dinero público a su organización.
"Nadie tiene que ver especial crispación ni violencia en ello. Es obligación del Gobierno exigir que se está cumpliendo la legalidad", ha insistido confirmando que este viernes la Generalitat tiene que trasladar el primero de los informes y apuntando que, en el caso de que no cumpliera con sus compromisos, el Gobierno tomaría "otro tipo de medidas".