- El dueño de Limasa acepta 6 meses de cárcel y reconoce pagos para adjudicarse un concurso

El propietario de la sociedad Limasa Manuel Carrillo ha aceptado este miércoles una condena de medio año de prisión y multa de 12.480 euros tras reconocer en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por la trama Pretoria que pagó en efectivo al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, a cambio de obtener la adjudicación del contrato de limpieza de edificios y colegios municipales en la localidad catalana.

La fiscal, que modificará su informe de conclusiones definitivas al fin de la vista oral, ha concretado que la pena de medio año de cárcel podría sustituirse por una multa de 7.200 euros, cantidad correspondiente a los pagos que efectuó al entonces regidor de Santa Coloma de Gramenet, cantidad que se sumaría a los 12.480 euros ya citados.

El propietario de Limasa, que se enfrentaba a una pena inicial de tres años de cárcel, ha justificado tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal, que entregó pagos de hasta 6.000 euros que le habían pedido porque pensaba que debía atender las peticiones que realizaba el Consistorio, al cual venía prestando servicios desde los años setenta. Además, ha reconocido la veracidad de una escucha telefónica reproducida por la Sala en la que él y Muñoz trataban sobre el proceso de adjudicación del contrato.

"Lo tienes más crudo que la ostia. Está arreglado y liquidado. Ni una palabra a nadie", es parte del extracto de la conversación telefónica que se atribuye a Muñoz, el cual le pide que el acuerdo "quede así" a lo que Carrillo agradece "muchísimo" los hechos porque "estaba muy preocupado" con la operativa.

El informe de la Fiscalía recoge cómo el exalcalde expresó a la directora del Área de Servicios Territoriales Gemma Fernández, "su interés" en que el informe que tenía que redactar fuera favorable a Limasa, todo pese a que en un principio ella era partidaria de respaldar a otra empresa que reunía más requisitos. Finalmente, el contrato se publicó en el BOE el 1 de febrero de 2009.

Carrillo ha sido el segundo acusado en declarar ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de Lo Penal en la vista que sienta en el banquillo a once personas -entre ellas Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, del círculo cercano de Jordi Pujol-- por tres operaciones urbanísticas entre 2000 y 2009 en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en la que, según el Ministerio Fiscal, se amañaron las adjudicaciones públicas en tres proyectos.