Juzgan al exalcalde de Alcaucín por corrupción urbanística en Málaga

El juicio comenzará con las cuestiones previas, a continuación las declaraciones de los acusados, posteriormente comparecerán testigos, tras ellos las pruebas periciales y, por último, tendrán lugar las conclusiones finales.

Se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.

La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente para Martín Alba una pena de 226 años y medio de prisión y más de 730 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según la calificación provisional, presentada en su momento, a la que tuvo acceso Europa Press.

La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística --en total 27 de los acusados--, aunque también están, además del exregidor, dos familiares de éste; seis funcionarios municipales o de la Diputación; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística. De hecho, sólo en este tipo de delictivo se le acusa de 62 delitos por presuntamente autorizar "arbitrariamente" parcelaciones o construcciones contrarias a la norma y "prescindiendo casi siempre de informes técnicos".

A pesar de los múltiples delitos por los que se acusa a varios procesados y la suma de los años, en la calificación consta que habrá que tener en cuenta el límite máximo de cumplimiento establecido en el Código Penal, que señala que la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la pena más grave, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años.

La primera fase de la operación policial se llevó a cabo en febrero de 2009 y se detuvo a Martín Alba y al exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, también acusado. La instructora decretó prisión sin fianza para ambos. El exregidor, expulsado del PSOE y que renunció a su acta de edil, salió de la cárcel en junio de ese año, tras pagar la fianza de 120.000 euros.

El escrito de Anticorrupción contiene un relato fáctico ordenado en 121 epígrafes, siguiendo un orden cronológico, y en el que se describen hechos sucedidos entre 1999 y 2010, que se califican como 90 delitos de falsedad ideológica --en algunos casos también "se manipulan" firmas, sellos y textos--, cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, Diputación o Catastro Inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes.

Asimismo, se califican 19 delitos de falsedad en documento oficial, atribuidos supuestamente a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido "falaz" destinados a expedientes municipales o catastrales; diez delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al que era secretario municipal de Alcaucín; y siete de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa.

También hay 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales, que fundamentalmente se imputan a los empresarios. Buena parte de dichas infracciones "responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores".

También se formuló acusación por 20 delitos de cohecho, tanto activos como pasivos; 12 con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; y dos de blanqueo de capitales. Asimismo, se califican seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro de intrusismo profesional.

En lo que respecta a Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, se le acusa de falsedad, falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.

Las pruebas, dice le fiscal, proceden de los registros en febrero de 2009 en el Ayuntamiento, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación, en un estudio de arquitectura de la capital y en un despacho de abogados de Alcaucín. Más adelante, se analizaron las bases de datos del Catastro y se practicó, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación.

LOS HECHOS

Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".

También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".

También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".

Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".