La línea 902 de atención al ciudadano de Justicia, ¿servicio público o disuasorio?

Así responde el Gobierno a una batería de preguntas planteadas en el Congreso por el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez, quien sostiene que el prefijo 902 supone un coste más elevado para el usuario y preguntaba si su finalidad es recaudatoria o si se busca evitar llamadas "incómodas" de los españoles.

Además, el diputado naranja pedía saber si el destino de los ingresos recaudados por las llamadas recibidas se destinaban a la modernización de la justicia o la financiación de la asistencia jurídica gratuita.

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En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recalca que en la web del Ministerio de Justicia se publicita tanto la línea 902 de información como el número fijo de la provincia correspondiente, con el fin de que los ciudadanos opten libremente a través de cuál de ellos se ponen en contacto con el departamento que dirige Rafael Catalá.

Por tanto, insiste el Gobierno, desde el momento en que se publicitan simultáneamente "no se puede afirmar que exista una finalidad disuasoria, ya que el ciudadano opta libremente por utilizar uno u otro número".

Además, Justicia explica que los números 902 son de "amplia" utilización, tanto en el sector privado como en los organismos públicos, para la atención a los clientes y ciudadanos, respectivamente, para dar un servicio de manera "homogénea" para toda España desde un único centro de atención y con el fin de que el coste para los ciudadanos --equivalente a una llamada interprovicial-- fuera también "homogéneo", con independencia del lugar desde el que llamase.

AHORRO DE UNOS 10.000 EUROS AL TRIMESTRE

El Gobierno sostiene que en la actualidad hay numerosos ciudadanos que tienen contratadas con sus compañías telefónicas tarifas planas de voz y datos, por lo que "la publicidad del número geográfico o territorial adquiere especial relevancia" ya que permite contactar con el servicio de información del Ministerio del Justicia "sin un coste añadido" para el usuario ciudadano.

En todo caso, Justicia defiende la continuidad de los números 902 porque ofrece un servicio "mucho más eficaz, al permitir la obtención de una gran variedad de informes sobre el servicio" y supone un ahorro medio aproximado de unos 10.000 euros al trimestre para el Ministerio, "aunque todo depende del número de llamadas recibidas a través del mismo y de si las mismas proceden de un terminal fijo o móvil".

Actualmente el servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia es atendido por la empresa UTE (Unión Temporal de Empresas) Sertel-CEE, hoy Unión Contact Center, que repercute trimestralmente la reversión que a ella le realiza su operadora telefónica. "Es decir, no se produce un ingreso sino un menor gasto en el coste que tiene para el Ministerio de Justicia" el citado servicio, concluye.