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La Intervención General de la Junta detecta "irregularidades" en la gestión de contratos de la Alhambra

La auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el Patronato de la Alhambra y el Generalife ha detectado "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento que "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados".
Según se desprende del informe definitivo de esta auditoría, al que ha tenido acceso Europa Press, estas irregularidades han significado que "determinadas personas y empresas" accedieron a "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia". A ello se suma la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias".
Así consta en el extenso informe de 200 folios que ha realizado la Intervención General de la Junta y que ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Granada, el cual está investigando a varias personas y empresas, entre ellas la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, por supuestas irregularidades en las contrataciones realizadas por el monumento.
Esta auditoría interna en el ámbito del Patronato de la Alhambra fue solicitada por la Consejería de Cultura en agosto de 2015 y su alcance temporal está comprendido entre los años 2011 y 2014, aunque también se han revisado hechos acaecidos en ejercicios anteriores y posteriores cuando se han considerado relevantes o que podían "no ser conformes a derecho".
La opinión que da la Intervención sobre los procedimientos de gestión y control de la Alhambra es "desfavorable" a tenor de los expedientes analizados, considerando necesarias "mejoras sustanciales".
Asimismo, se aprecia un "posible menoscabo de fondos públicos" en relación con determinados contratos y adjudicatarios. Se cita expresamente el contrato de explotación del servicio de alquiler de equipos de audioguías y equipos receptores para grupos organizados; de los contratos relacionados con la gestión del olivar de la Dehesa del Generalife y del contrato de gestión de las Tiendas de la Alhambra.
El documento también da una serie de recomendaciones para corregir las debilidades encontradas en los procedimientos de gestión y control del monumento, como disminuir el peso de las empresas contratadas para realizar tareas que "debería desempeñar el Patronato con sus propios medios", reforzar los mecanismos de control de ingresos o no usar los convenios de colaboración para conceder subvenciones, dejándolas "al margen de las normas de concesión y justificación".
Dado que algunas de las actuaciones revisadas podrían haber ocasionado "un menoscabo de fondos públicos", se insta al Patronato de la Alhambra a que "inicie todas las actuaciones necesarias para exigir las correspondientes responsabilidades a las autoridades y personal relacionado con las mismas" a fin de "recuperar las cantidades indebidamente pagadas o dejadas de ingresar por el Patronato".
Este informe ha trascendido coincidiendo con el inicio este martes de las declaraciones de los investigados en el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, que investiga el citado Juzgado de Instrucción 4 de Granada y que ha arrancado con el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo.
En el transcurso de una extensa declaración, Visedo ha defendido ante el juez la legalidad de su gestión y ha respondido de manera minuciosa y esgrimiendo argumentos técnicos a las cuestiones que se le han ido planteando y que, solo en el caso de la Fiscalía se han prolongado por más de cuatro horas, según han precisado fuentes del caso.
Está previsto que este miércoles declare ante el juez la exsecretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, y que el mes que viene lo haga la exdirectora del recinto nazarí, María del Mar Villafranca, que dimitió del cargo a raíz de este caso.