Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Inhabilitan tres años a una exalto cargo de la Generalitat catalana por permitir la caza de aves ilegal

El Juzgado Penal 14 de Barcelona ha condenado a la exdirectora general de Medio Natural de la Generalitat de Cataluña y exdiputada de ICV, Núria Buenaventura, a tres años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por autorizar en 2009 la captura de pájaros fringílidos con un método de caza ilegal.
En la sentencia, el tribunal considera probado que Buenaventura dictó una resolución el 17 de julio de 2009 en la que se aprobaba realizar una prueba experimental sobre el método conocido como 'vesc' (pega) para determinar si era un sistema selectivo o masivo para cazar aves cantoras, pese a que la normativa autonómica, estatal y europea prohibían este método.
La resolución permitía dar autorizaciones para la captura de ejemplares macho de pinzón, jilguero, verderón y pardillo y, como consecuencia, se otorgaron en este periodo 3.374 autorizaciones y se cazaron más de 60.000 ejemplares.
Buenaventura justificó haber dictado esta resolución porque, pese a la prohibición de carácter general de la normativa en esta materia, se permitían excepciones para estudios de investigación.
La emitió después de que la Federación Catalana de Caza recurriera la prohibición de este método tradicional y el Síndic de Greuges recomendara un estudio para dilucidar si suponía un método de caza masiva --como consideraba la normativa-- o no.
En la sentencia, el tribunal considera que Buenaventura usó como excusa el supuesto de hacer un estudio para permitir de manera "amplia, generalizada, sin control y sin voluntad sancionadora" la caza con este método pese a que no contaba con ningún informe técnico que lo avalaba y sin la norma reglamentaria que le diera cobertura.
En la sentencia se considera que autorizó este estudio sobre el método de caza para contrastar algo "que era aceptado sin fisuras por la comunidad científica".
"Esto supone que se haya traspasado la frontera que separa el ilícito administrativo del penal, ya que puede afirmarse que la resolución era claramente contraria al ordenamiento jurídico", argumenta el juez.
"En realidad se trató de un torcimiento del derecho en toda regla" en el que se buscó, según el tribunal, la puerta de atrás para conseguir el otorgamiento generalizado de autorizaciones para las capturas con 'vesc' en 2009.
Además, critican que durante ese año "no se implantaron medidas serias y específicas para la verificación de la veracidad de los datos" que se iban recabando y que los cazadores cumplimentaban sin control.