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La Infanta Elena irrumpe en el caso Urdangarín

Nadie le había preguntado, pero la situación se le escapaba de las manos. Las dudas, las lagunas y la falta de concreción ante preguntas tan elementales cómo ¿usted a quién asesoraba de la Familia Real? acorralaron durante el interrogatorio del juez José Castro a un nervioso José Manuel Romero, conde de Fontao. Hasta el punto de verse en la necesidad de explicar que esa supuestas recomendaciones que en 2006 impartió a Iñaki Urdangarín para que dejara sus negocios también las hizo extensivas un año después a la Infanta Elena para que se alejara del mundo de las sociedades mercantiles.

La explicación, que nadie le había pedido, se remontaba a 2007. Según el conde de Fontao, en aquella época aleccionó a una infanta recién separada de Jaime de Marichalar para que no intentara cobrar la pensión alimenticia de sus hijos a través de una fundación. Incluso también le pidió –confesó- que no se sumara a la dirección de una fundación hípica dada la corta trayectoria de esa organización para que en ella figurara un miembro de la Casa Real.
Por aquella época, 2007, ya salió a la luz que la infanta se había comprado una sociedad denominada Global Cinoscéfalos con la que pretendía lanzarse al mundo mercantil.
Según el testimonio prestado por el conde de Fontao ante el juez, él mismo recomendó que liquidara la empresa y así se anunció que iba a suceder desde Casa Real… Pero no. Global Cinoscéfalos no cerró entonces ni ha cerrado ahora.
Según consta en el Registro Mercantil, la sociedad de la Infanta Elena sigue activa con la hija mayor de los Reyes de España como socio único de la empresa, mientras que el administrador es su secretario, Carlos García Revenga, imputado en la causa y otro García Revenga, Javier, figura como apoderado.
El objeto social de la sociedad de la Infanta Elena, diplomada en magisterio, es el asesoramiento en materia económica y financiera.
De momento es imposible saber si ha asesorado a alguien porque nunca ha depositado sus cuentas anuales en el registro, una irregularidad sancionada con una multa de hasta 60.000 euros. Lo que sí figura en el informe es un apunte en el apartado incidencias que recuerda que entre 2010 y 2012 tiene cuatro recibos  que no se hallan al corriente de pago con Hacienda, Seguridad Social o la administración, no especifica quién reclama la deuda.