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IU quiere que el Congreso repruebe a la Fundación Francisco Franco y pide al Gobierno que revise sus subvenciones

Izquierda Unida quiere que el Congreso repruebe la actividad de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de organizar actos de "enaltecimiento del dictador", y que, por este motivo, inste al Gobierno a revisar las ayudas públicas de las que se ha beneficiado esta entidad.
Así consta en la proposición no de ley, recogida por Europa Press, que han registrado para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso el coordinador general de IU, Alberto Garzón y el diputado de esta formación Ricardo Sixto.
El origen de esta nueva iniciativa en la que IU pone el foco en la Fundación Francisco Franco es homenaje al dictador que ésta organizó el pasado 2 de diciembre en un hotel de Madrid y en el que se premió a tres cargos públicos del PP por incumplir la Ley de Memoria Histórica.
PREMIO A CARGOS DEL PP
Según datos de la propia fundación, entre los asistentes a dicho evento se encontraban el secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales; el alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, y la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles.
Todos ellos, del PP, fueron premiados por incumplir la Ley de Memoria y "honrar al dictador" y, en concreto, recibieron los Diplomas de Caballero y Dama de Honor por su "labor destacada en la defensa de la verdad histórica y de la memoria del Caudillo y su gran obra".
En este contexto, IU pretende que el Congreso rechace "la actitud de cualquier cargo público que participe en actos de homenaje al dictador", repruebe "la actividad de la fundación Francisco Franco", e inste al Gobierno a que revise "cualquier tipo de ayuda pública que reciba" esta entidad.
RATIFICAR LA CONDENA DE 2002
Asimismo, el partido integrado en el grupo parlamentario de Unidos Podemos plantea que la Cámara censure "cualquier acto de enaltecimiento del franquismo" y ratifique la "expresa condena del franquismo" que ya aprobó por unanimidad la Comisión Constitucional el 20 de noviembre de 2002, cuando se cumplían 27 años del fallecimiento del dictador.
"Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática", rezaba aquella declaración.