El Gobierno reconoce que "para contar" en el mundo España tiene que "donar" ayuda al desarrollo

El Gobierno ha reconocido este martes que "para contar" en el mundo, un país como España tiene que gastar en ayuda al desarrollo en naciones que lo necesitan, una política que, como consecuencia de la crisis, ha acumulado desde el año 2010 un recorte de más del 70 por ciento.

"Para contar hay que donar, totalmente de acuerdo", ha admitido el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García-Casas, que daba así a la razón al diputado socialista Pere Joan Pons, durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso.

El secretario de Estado ha defendido el gasto público en políticas de cooperación al desarrollo "no sólo por un deber ético, por un imperativo humanitario, sino porque es una de las fuentes de proyección y de presencia de un país en el mundo".

En 2017, el conjunto del Estado español --incluyendo Comunidades Autónomas, ayuntamientos y otros-- prevé destinar a políticas de cooperación al desarrollo un total de 2.450,72 millones de euros, lo que equivaldría al 0,21 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB).

El Gobierno, y lo ha reiterado García-Casas, no prevé subidas sustantivas en el presupuesto destinado a ayuda al desarrollo hasta 2018, debido fundamentalmente a las restricciones que impone la UE en materia de control del déficit público.

Sin embargo, PSOE, Podemos y Ciudadanos han reclamado un esfuerzo mayor para lograr aumentar el porcentaje destinado a ayuda al desarrollo al menos hasta el 0,4 por ciento en esta legislatura.

En 2016, la ayuda al desarrollo española registró un notable aumento del 0,12 por ciento al 0,33 por ciento motivado por una operación de cancelación de deuda en Cuba. García-Casas ha avanzado que el Gobierno está perfilando varios acuerdos de conversión de deuda por programas de salud con Camerún, República Democrática del Congo y Etiopía por valor de 15,3 millones de euros.

Dentro del presupuesto de la ayuda al desarrollo, García-Casas ha estimado que, igual que el año pasado, el dinero destinado a ayuda humanitaria --la que atiende las necesidades más básicas en emergencias causadas por desastres naturales o crisis políticas-- estará rondando los 35 millones de euros, aunque hoy por hoy solo estén presupuestados 26 millones, ya que hay un cierto margen para elevar esta cifra por circunstancias sobrevenidas.

España, ha explicado, ha seguido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y ha reducido las crisis a las que destina ayuda humnitaria para centrarse en Siria e Irak, los refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), el Sahel, Palestina y Colombia, mientras valora incluir a Jordania y Líbano, sobrepasados por el volumen de refugiados sirios en su territorio.

MOGHERINI, ACNUR Y EL CICR, PRONTO EN ESPAÑA

El Gobierno tendrá oportunidad de hablar próximamente de esta y otras crisis con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y el Alto Representante de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, que visitarán España en junio.

En los próximos meses, España espera también la visita de la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, la del comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica.

El secretario de Estado se ha comprometido ante los grupos a tener preparado para finales de año el V Plan Director que actuará como marco de la política de cooperación para los próximos cuatro años.

Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o agenda 2030 --la hoja de ruta que la comunidad internacional se ha fijado para erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente en el horizonte de 2030-- ha avanzado que España se someterá voluntariamente en 2018 o 2019 a un examen de Naciones Unidas para valorar su grado de cumplimiento de esta agenda.

A preguntas de la diputada de Podemos, Angela Ballester, García-Casas ha confirmado la intención del Gobierno de "sacar del cajón" el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, empantanado por la imposibilidad de conjugar las exigencias de las ONG con la voluntad de las compañías a comprometerse.