El Gobierno no indultó en 2016 a ningún condenado por corrupción

El Gobierno ha concedido 27 indultos durante el año 2016 a personas condenadas por delitos medioambientales, contra la salud pública, de lesiones, falsedad en documento oficial o estafa, pero ninguno de ellos relacionados con la corrupción.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes los últimos reales decretos, con fecha del día 30 de diciembre de 2016, por el se indulta a 12 personas aprobados. Entre ellos, se encuentra Gabriel Baños Paisano condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla en marzo de 2012 a cuatro años y un día de prisión por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica y cuya pena se ha reducido a dos años y al abono de las responsabilidades civiles fijadas en dicha sentencia.

El Gobierno ha indultado también a un promotor inmobiliario que estafó en 1999 a varias familias a las que les pedía adelantos para la compra de viviendas en urbanizaciones que nunca construyó. Se trata de José Manuel Magdaleno Hernández condenado el 20 de febrero de 2012 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a tres años y medio de prisión y a una multa de 1.620 euros como responsable de una estafa continuada.

Gracias al indulto, la condena se sustituye por otra de dos años de prisión, a condición de que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia en el plazo que determine la Audiencia Provincial.

Por delitos contra la salud pública, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy --aún estando en funciones durante gran parte de ese año-- ha conmutado dos indultos parciales. Uno de ellos, el correspondiente a Silvio José Ceballos del Fresno, menor de edad en el momento que cometió el delito, su pena, que ascendía hasta los 12 de años de cárcel, ha sido reducida nueve meses.

SUSTITUCIÓN POR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

El otro agraciado ha sido Ismael Carril Jiménez condenado en 2007 a dos años y seis meses de prisión y a un multa de 361,27 euros. En este caso la pena privativa de libertad pendiente de cumplir será sustituida por dos años de multa y por 30 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Por otro lado, El Gobierno ha perdonado las penas de prisión a Jesús Fernández Losada --condenado a un año y seis meses de cárcel por un delito de lesiones-- y Luis Miguel Ramos Llorente --penado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por falsedad en documento oficial,-- a cambio de realizar jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Por un delito de falsedad documental también fue condenado Manuel García Sánchez a tres años de prisión y a una multa de 900 euros, pero en este caso la pena ha sido sustituida por otra de dos años de cárcel.

Del mismo modo, las penas de los condenados como autores de un delito de insolvencia punible --Juan Ángel Luengo Cantero, Manuel Ángel Luengo Márquez e Isabel Márquez Molano--, y por un delito societario de administración desleal --Joaquín Vilarrasa Pujol-- han sido reemplazadas por otras de dos años de pena privativa de libertad.

OTROS 15 INDULTOS

Unos de los indultos más notorios del año 2016 fueron los dos que se concedieron a María Salmerón, mujer que debía entrar en prisión para cumplir cuatro meses por un delito de desobediencia y otros seis meses incumplir el régimen de custodia con el padre de su hija, condenado por violencia de género. Ambas condenas fueron conmutadas por trabajos en beneficio de la comunidad.

El Gobierno defendió que con esto se daba respuesta a "una situación muy particular en la que concurren circunstancias excepcionales vinculadas a delitos de violencia de género".

Por otro lado, coincidiendo con la Semana Santa, el Consejo de Ministros concedió otros 13 indultos, a petición de hermandades y cofradías de Jaén, Granada, Oviedo, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Burgos, Logroño, Teruel, León, Valladolid y Alicante. Tradicionalmente, las cofradías de penitentes solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su provincia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, en los que concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública.

A pesar de las diversas solicitudes y concentraciones para indultar al concejal de Jaén en Común(JeC), Andrés Bódalo, condenado a tres años y medio por una agresión, éste se encuentra en prisión desde el pasado 30 de marzo. Catalá señaló que se tramitaría el indulto aunque, en su opinión, este caso, "no concurren los elementos objetivos que deben acompañar" a esta medida de gracia.

Lo mismo ocurre con el joven sevillano Adrián Manuel Moreno, condenado a seis meses de cárcel por un delito de hurto tras robar una bicicleta de 'Sevici' en el mes de junio del año 2008. Éste ingresó en en el Centro de Inserción Social (CIS) 'Luis Jiménez de Asúa' el pasado 15 de junio ha ingresado voluntariamente a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva su petición.