Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno, a la espera del primer certificado sobre el gasto de Cataluña que debe llevar la firma de los interventores

Hacienda sigue analizando los datos sobre los 6.150 euros enviados por la interventora de Cataluña para comprobar que eran para un software
El Gobierno de Mariano Rajoy está a la espera del primer certificado semanal sobre los gastos del presupuesto de Cataluña que debe llegar este viernes y con el que quiere confirmar que no se destina ni un euro a la preparación del referéndum de independencia. Además, recuerda al vicepresidente económico, Oriol Junqueras, que ese documento justificativo ya debe llevar la firma de interventores, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Junqueras dijo este martes que no facilitará al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la lista de funcionarios que certificarán los gastos del Gobierno catalán y que serán los propios consellers los que certificarán "cualquier petición de información".
El acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos fijaba la fecha de este miércoles 26 de julio como plazo para remitir un listado con los nombres de los interventores de las consejerías y los responsables económico financieros. Esa instrucción afecta a un total de 183 entidades vinculadas a la administración catalana.
Sin embargo, Junqueras explicó que cada conseller certificará la información que solicite el Gobierno central y luego la enviará al departamento de Vicepresidencia de la Generalitat, que será el encargado de unificarla y dársela a la interventora general de la Generalitat para que la transmita al Gobierno central.
A LA ESPERA DE VER QUÉ HACEN ESTE VIERNES
Fuentes del Ejecutivo han señalado este miércoles a Europa Press que Junqueras quiso hacer una "declaración política" para lanzar el mensaje de que el Gobierno catalán actúa de manera colegiada, ya que, "el hecho de entregar los certificados ya llevan la firma del interventor".
Por tanto, las mismas fuentes han indicado que están a la espera de ver qué hará el Gobierno catalán este viernes, que es cuando tiene que remitir la primera certificación semanal de los gastos de la Generalitat referida al periodo comprendido entre el 17 de julio y el 23 de julio.
En caso de incumplimiento de la remisión de la información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado el referéndum, Hacienda dará traslado a la Comisión Delegada para que adopte las medidas "procedentes" o se traslade a las autoridades competentes para la posible exigencia de responsabilidad administrativa, contable o penal.
LOS 6.150 EUROS
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda sigue analizando la respuesta de la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, al requerimiento del Gobierno sobre el desvío de 6.150 euros del presupuesto de la Generalitat.
El objetivo de ese análisis es "comprobar", como ha dicho la interventora, que ese dinero era para el mantenimiento de un software relacionado con procesos electorales y no para el referéndum, según han indicado a Europa Press fuentes de este Departamento.
El Gobierno recibió este lunes por la tarde la respuesta de Vidal Planella sobre la citada partida, en la que se señala que estos gastos están relacionados con un contrato de mantenimiento ordinario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y, en concreto, al mantenimiento de un sistema de gestión informática.
Esta partida de 6.150 euros detectada por Hacienda fue precisamente la que llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condicionaba el pago a Cataluña de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.