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El Gobierno agilizará las demandas colectivas contra bancos y cajas

Rueda de prensa del ministro de Justicia, Rafael CataláEFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que las demandas colectivas, como las que proliferan en relación con reclamaciones de cláusulas suelo, salida a bolsa de una entidad financiera o compra de acciones preferentes, no están adecuadamente reguladas. Catalá apuesta por abordar su regulación durante la próxima legislatura y agilizarla, además de quiere que el fiscal lleve la instrucción de los delitos. El ministro no descarta que los registros civiles podrían pasar a manos de los ayuntamientos.

"Hemos conocido en los últimos tiempos una multiplicidad de demandas de ámbito civil, o penal, más bien civil, y no tenemos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, una manera de encauzarlas adecuadamente", ha reconocido Catalá en una entrevista concedida a Europa Press.
El ministro cree que este asunto podría abordarse con el objetivo de "simplificar esos miles de asuntos que van cayendo por juzgados de todas partes y que generan mucha carga de trabajo, y que se podrían acumular fácilmente para obtener una simplificación y una mejor atención de las demandas de los ciudadanos".
De nuevo, el fiscal instructor
Además, el Partido Popular incluirá en su programa para la próxima legislatura la atribución al fiscal de la instrucción de los delitos, un cambio de modelo que según el titular de Justicia quedó pendiente en el calendario de reformas que ha llevado a cabo su departamento, que está "extendido en toda Europa" y al que "se debería caminar" en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
"Se trata de una reforma tan estructural, tan profunda, que no puede hacerse en el último minuto de la legislatura, pues requeriría cambios en el Estatuto Fiscal, dotaciones de plantilla en la Fiscalía la creación del juez de garantías, y todas estas medidas lo hacen más un proyecto de principio de legislatura que plantearemos en nuestro programa", ha afirmado.
La creación del fiscal instructor se incluiría, según ha manifestado , en el grupo de medidas reformistas que han quedado pendientes. El diseño de proyecto para la legislatura era muy ambicioso", ha señalado el Ministro, que realiza un "balance moderadamente satisfactorio" del resultado al considerar que su Ministerio ha sido capaz de "sacar adelante las reformas necesarias", no obstante reconoce que "quedan muchas cosas por hacer".
Registros civiles
Otro asunto pendiente es el de la gestión de los registros públicos, y en este punto Catalá reconoce que aún no han definido si éstos van a ser finalmente desjudicializados tal y como se planteó en 2011 o se buscarán otras fórmulas. El ministro reconoce que este asunto le generó cierta "frustración" ya que tuvo que abandonar el enfoque inicial, consistente en la creación de una corporación de derecho público integrada por los registradores mercantiles.
"Pensamos que todos los registradores podrían dar ese servicio con un buen soporte de tecnologías, un servicio gratuito telemático y accesible, pero llegó Semana Santa y seguíamos muy enquistados con el debate con los sindicatos y los partidos políticos y decidimos darnos un tiempo para reflexionar", ha explicado.
Por ello, el titular de Justicia que ahora mismo está abierto a todo tipo de propuestas, que podrían ir desde dejar que el registro siga como hasta ahora a que la gestión la lleven, por ejemplo los ayuntamientos. "Las alternativas son varias, tenemos grupos de reflexión valorando las ventajas y los inconvenientes", ha señalado.
En todo caso, Catalá destaca que "lo cierto es que en los registros necesitan una actualización", pues los tiempos para algunos procesos siguen siendo muy largos". Preguntado si la solución sería crear un cuerpo específico de funcionarios para los registros, el ministro de Justicia ha señalado que no descarta ninguna alternativa si bien considera que la Administración tiene "niveles administrativos suficientes para aprovechar lo que ya existe".
Indulto no es prioridad
Por otra parte Catalá ha afirmado que la reforma del indulto no es una prioridad para la próxima legislatura porque ya se está haciendo de ella "un uso limitadísimo". "Se están excluyendo indultos de delitos que tienen que ver con la corrupción, contra la Hacienda Pública, la seguridad vial, la violencia de genero o contra los menores, ha especificado. Y se están concediendo menos de un uno por ciento de los que se solicitan".
De actuar, "la reforma en todo caso iría por ahí, por acotar los supuestos para ser más transparente el ejercicio discrecional y que éste sea más reglado", ha señalado Catalá. "Consistiría en llevar a la Ley lo que es una práctica administrativa en estos momentos, pero haríamos nada nuevo a lo que ya hacemos y prefiero dedicar esfuerzos a que las leyes sean innovadoras".