Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno Vasco defenderá con "firmeza" la ley de víctimas de abusos policiales

Jonan Fernández pide que se retire la suspensión de la norma y espera que el Gobierno central deje atrás sus "fantasmas y prejuicios"
El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha advertido de que el Gobierno Vasco dará "pasos firmes" en defensa de la ley de víctimas de abusos policiales, por lo que solicitará el "levantamiento" de la suspensión de algunos de sus artículos decretada por el Tribunal Constitucional.
Fernández ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autonómico, a petición del parlamentario de EH Bildu, para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley vasca sobre víctimas de abusos policiales.
El recurso, que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC), alega que la Comisión de Valoración recogida en la ley, a la que se atribuye la función de analizar las peticiones de reparación presentadas por las víctimas, invade competencias exclusivas de los tribunales de Justicia.
El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha reclamado al Gobierno Vasco, que tiene de plazo hasta el 4 de julio para presentar alegaciones ante el TC, que mantenga una actitud "exigente y reivindicativa", y que ejerza "presión" frente al Ejecutivo central en defensa de la ley.
Fernández, que el pasado 12 de mayo ya dio a conocer los argumentos que defenderá el gabinete de Iñigo Urkullu frente al recurso, ha insistido en que la Comisión de Valoración prevista en la ley tiene un carácter meramente "administrativo". De esa forma, ha explicado que las competencias atribuidas a este organismo "no invaden" las funciones de los jueces y los tribunales de justicia.
"SEGURIDAD JURÍDICA"
El secretario de Paz y Convivencia ha explicado que el Ejecutivo autonómico solicitará el "levantamiento anticipado" de la suspensión de los contenidos de la ley que han sido recurridos por el Gobierno central. De todas formas, ha asegurado que esta suspensión cautelar "no impide" que la Comisión de Valoración pueda ponerse en marcha.
Además, ha asegurado que el gabinete de Iñigo Urkullu seguirá trabajando con "paso firme" en la defensa de la "seguridad jurídica" de la ley vasca de reparación de víctimas de abusos policiales.
Esta labor -según ha explicado-- se llevará a cabo a través de la defensa de la "constitucionalidad" de la norma ante el TC. Además, el Ejecutivo informará con "total transparencia" a las víctimas sobre la evolución de la ley. Fernández también ha informado de que el Gobierno pedirá a expertos internacionales y de la sociedad vasca que aporten su "opinión" sobre la ley.
"ENTENDIMIENTO"
Fernández ha mostrado su deseo de que las diferencias con el Gobierno español en relación a este asunto puedan "encauzarse" desde el "entendimiento", dado que la resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión podría demorarse hasta dos años.
Con ese objetivo, se ha prestado a tratar de "desarbolar los fantasmas y prejuicios" que pueden existir en el Estado en torno a las materias a las que se refiere esta normativa destinada a reparar a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas policiales.
"REPARACIÓN"
El responsable de Paz y Convivencia del Ejecutivo autonómico ha denunciado que el recurso del Gobierno español contra esta ley evidencia que el gabinete de Mariano Rajoy "no comparte el derecho a la reparación" de las víctimas a las que se dirige esta norma.
Fernández ha reprochado al Gobierno central que su rechazo a la ley se base en posiciones "a priori" y en interpretaciones de cuestiones sobre las que la ley "nada dice".
Además, ha denunciado que la pretensión de "neutralizar" la aplicación de esta ley mediante la suspensión de algunos de sus artículos supone una "revictimización injusta e innecesaria" de las personas a las que está dirigida la norma.