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Un estudio editado por la Generalitat plantea que la UE aplique una "fase transitoria" que deje a Cataluña en la Unión

Ve "compatible" la secesión de Cataluña con el proceso de integración europea y cita ejemplos de adaptación de la UE a cambios internos
Un estudio editado por el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) de la Generalitat defiende que la UE podría optar por un "régimen transitorio" para solucionar la cuestión de la permanencia de una eventual Cataluña independiente en la comunidad europea.
El ensayo 'Secesión e integración a la Unión Europea', recogido por Europa Press, es del asesor del Govern en materia de estudios y coordinación de políticas públicas, Pau Bossacoma, que desvincula el contenido del informe de cualquier responsabilidad del IEA.
Cita algunos precedentes que han afectado a Estados miembros de la UE, como la reunificación de Alemania y la pérdida de territorio de Francia por la independencia de Argelia, para demostrar que las instituciones europeas se han adaptado a cambios internos no previstos en el ordenamiento jurídico de la organización.
PROPONE APLICAR EL ARTICULO 48 DEL TRATADO
Rechaza la aplicación inmediata del artículo 49 del Tratado de la UE, que prevé ampliaciones externas, y sostiene la pertinencia del artículo 48 para adoptar una "solución transitoria" en el caso de Cataluña porque se trataría de una ampliación interna de la UE.
No obstante, el análisis destaca que durante este hipotético régimen transitorio, Cataluña debería "esforzarse en cumplir los requisitos y obligaciones que impone el derecho de la Unión", en referencia a condiciones estructurales como el sistema judicial, el banco central, los límites de deuda y de déficit públicos y el control de la fronteras, entre otros.
Alerta de que "la manera y el contexto en los que se acceda a la independencia son relevantes en términos de continuidad en la Unión", y en este sentido asegura que una secesión pactada no presentaría dificultades, pero la unilateralidad solo sería aceptable tras el agotamiento de las vías negociadas y constitucionales y con el apoyo de una mayoría democrática clara y sostenida en el tiempo.
Advierte de que, en la fase posterior a la consolidación del Estado catalán, los Estados miembros de la UE deberían decidir por unanimidad si aceptan o rechazan la permanencia de una eventual república catalana.
"COMPATIBILIDAD" ENTRE SECESIÓN E INTEGRACIÓN
El informe ve "compatible" que un territorio subestatal (en este caso Cataluña) se independice del Estado matriz (España) con el proceso de integración política y económica de la UE, y augura un posible interés de la UE en debilitar los Estados grandes porque, a su juicio, son los más reacios al proceso de integración y a la cesión de soberanía.
"Ni el derecho primario ni el derecho derivado de la UE contienen reglas específicas que regulen o limiten el derecho de secesión interna de los territorios subestatales", explica, y añade que el principio internacional de la integridad territorial tiene efectos en las relaciones entre los Estados, no en lo que ocurra en su interior.
Recuerda que "la ampliación externa de la UE en las últimas décadas se ha nutrido notoriamente de las secesiones de las exrepúblicas soviéticas y yugoslavas", y afirma que las instituciones comunitarias han validado y legitimado estas secesiones, por la vía democrática, en reconocerlas e intentar integrar los nuevos Estados a la UE.
UN REFERÉNDUM DE ADHESIÓN
La publicación alega que los catalanes deberían decidir sobre una hipotética permanencia o un eventual ingreso a la UE mediante un referéndum de adhesión, tras cumplir todos los requisitos fijados por las instituciones comunitarias, ya que según el autor 15 de los 28 Estados miembros actuales han utilizado este mecanismo.
"¿Por qué las naciones subestatales europeas no podrían reclamar el uso del referéndum para reivindicar la existencia de un nuevo demos, una nueva soberanía y un nuevo poder constituyente?", reflexiona.
En el proceso posterior a una posible independencia de Catalunya, el estudio asegura que los catalanes tendrían garantizada la ciudadanía europea en esta fase transitoria, y que mantendrían los derechos y obligaciones que otorga la ciudadanía europea a través de la nacionalidad española porque, según el artículo 11.2 de la Constitución Española, 'ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad'.