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Fiscalía y defensa del presidente de Damm firman hoy un acuerdo para el pago de multa de más de 90 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción y las defensas de Demetrio Carceller Coll, su hijo, el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arcer y otras dos personas procesadas por fraude fiscal y blanqueo formalizarán hoy en la Audiencia Nacional un acuerdo de conformidad que pasaría, según fuentes consultadas por Europa Press, por el pago de multas por parte de los empresarios que superarían los 90 millones de euros.
Las penas de cárcel previstas en el acuerdo extrajudicial no superarían los dos años de cárcel. El acuerdo evitará tanto la celebración del juicio como la entrada de los acusados en prisión, según las mismas fuentes.
El pasado lunes estaba previsto que comenzara la vista oral, que ya había sido suspendida en dos ocasiones anteriores. Anticorrupción solicitaba para Carceller Coll una pena de 48 años y seis meses de prisión y, para Arce, 14 años de cárcel al considerarle cooperador necesario en los mismos delitos. También están acusados José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen .
Según el escrito de la Fiscalía, Carceller Coll habría ocultado mínimo desde 1990 sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública, simulando residir en Portugal y Reino Unido para que fuese considerado como no residente.
En junio de 2015 quedó suspendido después de que las partes pidieran interrogar a varios testigos residentes en Estados Unidos, lo que obligó a la tramitación de una comisión rogatoria para solicitar su declaración a través de videoconferencia.
El juicio se señaló de nuevo para el pasado mes de enero, pero se volvió a aplazar debido a una grave enfermedad sufrida por Demetrio Carceller Coll.
El juez Pablo Ruz les procesó por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales. En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.