Fiscalía acusa a Vives por dos contratos en BR para la "difusión de las ideas de CiU"

La Fiscalía ha acusado al exconcejal de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives de malversación de caudales públicos al supuestamente usar fondos de la entidad metropolitana Barcelona Regional (BR) para que dos cargos de la órbita de CiU hiciesen "labores de auxilio político o incluso proselitismo vecinal" del ideario de esta formación.

En un querella recogida por Europa Press, el fiscal Emilio Sánchez Ulled sostiene que la entidad --de la que Vives era presidente del consejo de administración-- contrató al vocalista de los Sírex y antiguo concejal de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie', y al que era alcalde de Cervelló (Barcelona), Jesús Arévalo Bravo, para "tenerles a su servicio en actividades de naturaleza política".

El fiscal cree que esta actuación puede ser constitutiva de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad, y su querella se dirige también contra el que era director general de BR, Guillermo Hugo Müller, y los dos supuestos falsos trabajadores.

El cantante cobró de BR entre 2014 y 2015 un total de 59.544 euros como "asesor ingeniero" en la 'Asesoría en el Plan de usos de la playa de Barcelona'; según el fiscal, el músico no tiene esta titulación universitaria y ese proyecto ni siquiera existía.

"Nunca compareció en BR, ni prestó servicio alguno para dicho ente, en el que resultaba completamente desconocido", sostiene el fiscal, que concluye que la única finalidad del contrato era enriquecer a Cerveró o, cuando menos, pagarle de forma encubierta servicios políticos.

El fiscal sostiene que Vives le contrató "dada su afinidad política y su acreditada desenvoltura en la difusión de las ideas del grupo CiU en el mundo vecinal" y dado que, al haberse jubilado en 2014 ya no podía seguir siendo 'personal eventual de asesoramiento' de la formación, trabajo por el que hasta entonces cobraba 48.947 euros brutos anuales.

LA DEDICACIÓN "EXCLUSIVA" DEL ALCALDE

Por su parte, Arévalo Bravo era entonces alcalde de Cervelló, donde teóricamente debía ejercer "en régimen de dedicación exclusiva" cobrando 46.275 euros anuales, según la querella presentada por la Fiscalía.

Pese a su dedicación exclusiva y a tiempo completo en Cervelló, Arévalo firmó el contrato laboral con BR "sin que en ningún momento de su mandato como alcalde se dignara siquiera a solicitar la compatibilidad para el desarrollo de otra actividad, pública o privada, ni comunicó su contratación al Ayuntamiento".

Arévalo cobró un total de 155.067 euros entre 2012 y 2015 en teoría para la 'Asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes' que, según el fiscal, nunca existió realmente.

Al igual que en el caso de cantante de los Sírex, el fiscal cree que era "una mera pantalla para una percepción indebida de fondos públicos, o bien de la retribución encubierta de actividades meramente políticas encomendadas por el también querellado Vives".

Vives consiguió supuestamente que Müller contratara a estas dos personas, y éste tenía "plena conciencia de que nunca iban a realizar para BR trabajos de ningún tipo".

La investigación partió de un expediente informativo ordenado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que remitió a la Fiscalía y en el que describían una serie de contrataciones que venían irregulares en Barcelona Regional entre 2012 y 2015 --una entidad con accionariado público en el que el Ayuntamiento de Barcelona es accionista mayoritario--.

El expediente municipal citaba a diez trabajadores que formalmente estaban en nómina de Barcelona Regional pero que materialmente prestaban servicios fuera de esta entidad; sin embargo, la Fiscalía solo ve un posible delito en dos de ellas.

En las otras ocho, el fiscal ha concluido que aunque hay "anomalías procedimientales" pero que no tienen trascendencia penal porque eran empleados de BR que temporalmente estaban destinados a trabajos reales, justificados y efectivamente prestados en diferentes áreas del Ayuntamiento.

ARCHIVA EL RESTO DEL EXPEDIENTE

El fiscal ha archivado, sin embargo, la investigación de otras supuestas irregularidades de las que la alcaldesa había informado: en las contrataciones externas de BR, una exposición y sobre la actividad internacional de la misma entidad al no ver indicios delictivos.

Sobre las contrataciones externas, Sánchez Ulled no encuentra delito aunque sí "irregularidades admnistrativas" y vicios puramente formales pero sin consecuencias penales.

En cuanto a la exposición 'Ciutat Port', el fiscal tampoco ve delito y dice que "no rebasa del debate político acerca de la conveniencia y utilidad de la misma dado su elevado coste, o el de las meras irregularidades administrativas".

Tampoco ve delito en la gestión de la actividad internacional en BR más allá de que puediera haber "responsabilidades de carácter contable" pero sin un carácter penal.

En un comunicado este viernes, Vives ha asegurado que trabajará "al lado de la justicia para aclarar lo que sea en relación con la contratación de los dos trabajadores de Barcelona Regional".

También ha dicho que, como el fiscal ha archivado prácticamente la totalidad del expediente, ha pedido a sus abogados estudiar cómo se puede reparar "el mal hecho a su honor" por parte de cargos institucionales que, según él, lo han acusado sin fundamento de manera muy grave.