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La Fiscalía abre diligencias de investigación penal a Servicios Funerarios de León tras la denuncia de IU

La Fiscalía Provincial de León ha abierto diligencias de investigación penal sobre Serfunle tras la denuncia interpuesta en mayo por los concejales de Izquierda Unida en los ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Serfunle, San Andrés, León y Villaquilambre, por la gestión realizada en esta mancomunidad que han asegurado que ha supuesto "un quebranto millonario a las arcas públicas".
Según ha explicado Izquierda Unida, la denuncia tenía como objetivo "clarificar si hay algún tipo de delito en la gestión de la Mancomunidad de Serfunle SA", porque en función de los informes técnicos de los que dispone la formación consideraron que sí había habido ilegalidad.
Esta consideración de IU se basa en que "el propio informe del Interventor General del Ayuntamiento de León y de la Mancomunidad de Servicios Funerarios Serfunle habla de un posible ilícito de administración desleal o fraudulenta que ha supuesto un posible quebranto patrimonial de más de 8 millones de euros para las arcas públicas".
Para la formación de izquierdas, "se está constatado que el contrato firmado con, en ese momento Service Corporation internacional Spain SL, y posteriormente Memora, no se atiene a los pliegos que regían ese concurso y que, al mismo tiempo y a petición de esta empresa, se modificaron los Estatutos de la Mancomunidad ara acomodarlos a las demandas de la empresa que presentaba la oferta, como así lo ha reconocido y constatado el propio Consejo Consultivo".
De ser cierto lo que ha constatado el Consejo Consultivo, IU ha considerado que se trató de "hacer al dictado de la multinacional privada la constitución de esa empresa mixta", que tanto el Interventor General de Serfunle como la Agencia Tributaria han detectado "la ilegalidad de dicho canon, suscribiendo Informes muy relevantes que pueden tener trascendencia penal y que deben ser investigados".
Por todo ello Izquierda Unida se ha mostrado a la espera de que la Fiscalía clarifique "todas las responsabilidades y posibles delitos si los hubiera" y ha defendido "los servicios públicos de gestión pública y con criterios de funcionamiento públicos, basados en el interés general y de la ciudadanía y no en la obtención de beneficios económicos".