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La Fiscalía pide el archivo para el exdiputado popular Alejandro Ballestero en la causa abierta contra Martínez Pujalte

La Fiscalia de Madrid ha informado favorablemente este miércoles respecto del archivo para el exdiputado popular Alejandro Ballestero en el marco de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid en la que se investiga el cobro de trabajos presuntamente inexistentes por parte del exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte y su exsocia Ana Torme, a través de la empresa Sirga XXI Asesores, de la que ambos eran socios.
El estudio de esta petición ha motivado la suspensión de la declaración del exdiputado popular, citado para este miércoles en calidad de investigado junto con Jaime Miguel Marín, exasesor de José María Aznar, y María del Mar Benito. La Fiscalía se ha sumado al requerimiento de la defensa al entender que los delitos que se le imputan habrían prescrito al ser previos al año 2010.
Por su parte, Jaime Miguel Marín y María del Mar Benito sí se han sometido al interrogatorio durante poco más de una hora. Los investigados han abandonado las dependencias judiciales sin antender a la prensa, aunque el letrado de Marín se ha limitado a decir que la declaración ha ido "estupendamente" porque "no hay nada".
La causa, que procede de los Juzgados de Valladolid, se abrió después de que Torme denunciara ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte, en el que detalló cómo ella cobró por labores de dirección y gestión de la empresa Sirga XXI Asesores hasta que se desvinculó en 2011. En la denuncia relató que su socio multiplicaba esta cantidad en sus ingresos por ser quien realmente captaba los clientes y prestaba los asesoramientos ahora investigados.
UNA CUESTIÓN "PRIVADA"
Ambos prestaron declaración también en calidad de investigados el pasado 23 de noviembre en los Juzgados de Plaza Castilla. En su comparecencia, el exparlamentario no hizo referencia a su gestión como cargo público y explicó que el interrogatorio había versado sobre una cuestión "privada", en referencia a su actividad empresarial.
Torme aseguró en la denuncia que tras desvincularse de la empresa advirtió irregularidades, como el hecho de que muchas empresas que facturaban a Sirga fueran de personas del PP y que algunos de sus administradores estuvieran sometidos a escándalos de corrupción o fueran familiares de éstos.
Según Torme, Pujalte le propuso asociarse para poner en marcha una empresa de asesoramiento, en principio para gestionar los derechos de autor de "un grupo de músicos amigos suyos", al los que llegó incluso a presentar.
La empresa Sirga XXI se constituyó el 22 de octubre de 2008, si bien la idea inicial no llegó a desarrollarse por motivos que Torme aseguraba desconocer. Además de la gestión de los derechos de autor, Torme señalaba que Martínez Pujalte le propuso incluir en el objeto de la sociedad la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento fiscal, económico, financiero y jurídico, y que él asumiría el papel de presidente y ella el de secretaria.
En su denuncia, Torme señaló que el trabajo de captación de clientes fue asumido por el exdiputado y que entre los trabajos en dicho ejercicio aparecieron estudios para la Confederación de Empresarios de Badajoz, asesoramiento a la empresa Corporación Llorente S.L., entidad con renombre en Valladolid.