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La Dirección General de la Guardia Civil justifica el envío a Cataluña de los agentes de Cádiz expedientados

La Dirección de la Guardia Civil ha justificado el envío a Cataluña con carácter forzoso de los agentes de Cádiz con más de veinte años de experiencia que fueron expedientados tras declarar hace más de un año contra dos superiores en un juicio civil. De esta forma, ha englobado esta decisión junto a la de otros 81 destinos con carácter forzoso asignados este mes de septiembre, 67 de ellos en Cataluña.
La Guardia Civil ha respondido así a la AUGC, que ha denunciado esta "desproporcionada sanción". Esta asociación ha comparado esto con un "castigo medieval", argumentado que afecta no sólo a dos compañeros de Cádiz --otros dos están pendientes de que se les comunique el nuevo destino-- sino a sus respectivas familias, con niños escolarizados y en algunos casos menores de edad, incluyendo uno de diez años y con autismo diagnosticado. De hecho, lo han calificado de "destierro".
La dirección del Instituto Armado ha señalado que estos agentes tuvieron un mes -del 17 de mayo al 17 de junio-- para solicitar destino una vez anunciada la resolución de vacantes. "Podían y debían solicitar destino y pudieron hacerlo dentro del plazo establecido. Al no solicitar ninguno, en su condición de destinables forzosos, fueron finalmente destinados con ese carácter", ha indicado en un comunicado.
La AUGC considera que los profesionales "no tuvieron la más mínima oportunidad" de actuar de esta forma ya que, han denunciado, "sus sanciones se conocieron en junio, tras haberse superado el plazo de solicitar vacantes".
Las sanciones disciplinarias son inmediatamente ejecutivas, han replicado desde la Guardia Civil, que se remite a su régimen disciplinario. De acuerdo con esto, han precisado que las resoluciones por las que se les impuso a los dos agentes de Cádiz sus respectivas sanciones son del pasado 18 de abril, y les fueron notificadas a los afectados el 21 de abril. Las resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil del 14 de junio.
La AUGC ha recordado que el origen del expediente se remonta a diciembre de 2014, cuando los cuatro guardias civiles prestaron testimonio voluntario ante un juez en un conflicto entre la AUGC y dos mandos de los cuarteles de Arcos de la Frontera y Ubrique, ambos en la Sierra de Cádiz. Esta asociación relacionaba a dichos responsables del Instituto Armado con una situación de acoso laboral en sendos acuartelamientos.
Como consecuencia de esta situación se encuentran de baja en la actualidad quince guardias civiles destinados en Arcos de la Frontera y Ubrique, según ha explicado la AUGC, que ha añadido que se está a la espera de conocer la resolución de los más de veinte expedientes abiertos contra trabajadores de estos puestos.