Sin embargo, el dictamen del órgano consultivo sí ve legales los 5,8 millones de euros que la Generalitat prevé en las cuentas para 'proceso electorales' este 2017 y que podrían servir para convocar el referéndum.
El Consell manifiesta que estos 5,8 millones no pueden ser declarados inconstitucionales porque no se "concreta" para qué serán destinados, por lo que su legalidad no puede determinarse hasta que se precise su finalidad.
