Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Congreso discute sobre la imputación de la Infanta y la herencia del Rey

La Infanta Cristina y su marido, Iñaki UrdangarinGtres

La Mesa del Congreso tiene que decidir si da vía libre a las distintas iniciativas registradas por la oposición reclamando explicaciones sobre la herencia recibida por el Rey procedente de las cuentas que su padre, don Juan, tenía en Suiza, y sobre la respuesta de la Fiscalía a la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Noos'. El órgano de gobierno de la Cámara --compuesto por cinco diputados del PP, tres del PSOE y uno de CiU-- lleva meses analizando peticiones de distintos grupos parlamentarios sobre los escándalos que vienen salpicando a la Corona.

En líneas generales la Mesa dejar pasar aquellas que afectan a competencias del Gobierno en relación con la Casa del Rey, pero veta las que se refieren a lo que considera asuntos personales de los miembros de la Familia Real. En el caso de las preguntas sobre temas ajenos al Ejecutivo, la Mesa invita a sus autores a revisar su redacción y si las reformulan pidiendo la opinión del Gobierno acerca de episodios relacionados con la Corona les suele dar vía libre.
El propio presidente del Congreso, Jesús Posada, avanzó el pasado martes que la Mesa del congreso sólo tramitará aquellas cuestiones que afecten al Ejecutivo. "Si las preguntas se refieren a personas concretas con las que el Gobierno no tiene ninguna relación, no podemos tramitarlas", se justifica Posada.
TEXTOS DE PSOE, IU, UPyD Y BNG
El martes el órgano de gobierno de la Cámara tendrá definirse sobre varios escritos sobre la herencia 'suiza' del Rey, registrados por PSOE, IU, UPyD y el BNG. La mayoría de ellas son preguntas escritas al Gobierno para saber si tiene constancia de la existencia de cuentas en bancos suizos o de otros países a nombre de miembros de la Familia Real.
La pregunta más aséptica es la registrada por el portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda, Pedro Saura, que quiere saber "qué información puede el Gobierno facilitar acerca de la noticia aparecida en el diario 'El Mundo' respecto al patrimonio que habría dejado en herencia el Conde de Barcelona a su fallecimiento".
El diputado de IU Gaspar Llamazares quiere detalles de a cuánto ascendía el patrimonio del Rey Juan Carlos en el momento de su coronación, a cuánto asciende en la actualidad, si ha tributado por el incremento del mismo, si ha recibido donativos de bancos, empresas españolas o Estados extranjeros como Arabia Saudí y si intercedió ante el Gobierno en 2008 para que la petrolera rusa Lukoil entrara en el accionariado de Repsol.
Desde UPyD, Rosa Díez, reclama saber si don Juan Carlos tributó por la herencia de su padre, si él o alguno de sus familiares tiene cuentas en Suiza y cuál es su situación legal, mientras que la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, se interesa por si en algún momento la Agencia Tributaria ha investigado si el jefe del Estado tiene alguna cuenta en el país helvético.
¿ES PATRIOTA TENER EL DINERO FUERA?
Por su parte, el diputado de Chunta Aragonesista, Chesús Yuste, quiere saber qué opinión le merece al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien puso en cuestión el "patriotismo" de supuestos "artistas" que no estarían al día con el fisco, el hecho de que el jefe del Estado pueda tener dinero fuera de España.
Además, IU ha pedido que Montoro aclare si la Familia Real cumple con sus obligaciones tributarias y detalle qué datos tiene el Gobierno sobre la herencia de 2,2 millones de euros que el Rey recibió de su padre como herencia. Esta solicitud no cuenta con el aval del PP, cuyo portavoz, Alfonso Alonso, la ha tildado de "extravagante" por referirse a un episodio de hace 20 años.
La federación de izquierdas también tiene registrada una petición para que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, informe sobre el recurso que va a presentar la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos', una iniciativa que no tiene visos de ser calificada a juzgar por los antecedentes.
Y es que el pasado mes de marzo la Mesa ya frenó otra solicitud de comparecencia de la Izquierda Plural para que el máximo responsable del Ministerio Público respondiera por la filtración de informaciones que anticipaban que no tenía intención de imputar a la infanta en la causa que instruye el juez José Castro contra el duque de Palma y el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y su exsocio Diego Torres. El órgano de gobierno de la Cámara no tramitó la petición alegando que no se puede citar al fiscal para hablar de un caso concreto que, además, está abierto.
LA VEDA SE ABRIÓ EN ENERO DE 2012
La primera vez que la Mesa del Congreso aceptó un amplio paquete de cuestiones relacionadas con la Jefatura del Estado fue en enero de 2012, cuando avaló unas 60 preguntas de ERC sobre actividades y gastos de miembros de la Familia Real. Tras la participación del Rey en una cacería en Botswana, que salió a la luz porque el Monarca sufrió una caída y tuvo que ser operado de la cadera, pasaron el filtro otras iniciativas sobre sus viajes al extranjero.
La semana pasada, por ejemplo, el órgano de gobierno de la Cámara tramitó un nuevo paquete de preguntas de IU y UPyD sobre las relaciones el Gobierno con la princesa Corinna, aunque también pidió que se reformularan unas cuantas que versaban sobre la supuesta vinculación entre esta ciudadana alemana y el Centro Nacional de Inteligencia.
Asimismo, puso pegas a otra solicitud de IU para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aclarase ante la Comisión Constitucional "las relaciones de la señora Corinna za Sayn-Wittgenstein con el Gobierno y la Casa Real".
Por contra, el año pasado fueron inadmitidas varias cuestiones que registró el diputado Gaspar Llamazares sobre el papel del jefe del Estado en el intento golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y algunas sobre las actividades de Corinna. En estos casos, la federación de izquierdas optó por remitir estos escritos directamente al Palacio de la Zarzuela.